Carabinero Agrede a Comerciante

[Valparaíso] Dijo que carabinero le rompió cartel y lo agredió. Comisaría dispuso investigación interna. Acciones legales contra Carabineros anunció un comerciante porteño de calle Carampangue.
Se trata de Nicolás Rusich Rojas quien dice que afuera de su local pegó un artículo periodístico donde el General Eduardo Gordon prometía tolerancia cero con funcionarios implicados en actos de corrupción.
Por el lugar pasó de franco un funcionario de la Primera Comisaría Sur de Playa Ancha, el que destrozó el escrito. "Lo increpé por su actitud y me respondió de mala forma, incluso me empujó y produjo una lesión cervical". Esta con cuello ortopédico, tratamiento de acupuntura , medicamentos y exámenes, que implican gastos varios. Anuncia acciones legales contra la institución.
En la unidad policial se indicó que hay una investigación interna a cargo de un oficial.
[Fabián San Martín]
[10 de agosto de 2009]
[©estrella de valparaíso]

Condenan a 5 Detectives

[Santiago] Condenan a cinco ex detectives vinculados a red de corrupción judicial. En juicio abreviado, el juez Ponciano Sallés, dictó penas que van desde las 61 días de cárcel a 3 años por delitos de asociación ilícita e informáticos reiterados.
El juez de Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Ponciano Sallés Bastarrica acogió la petición del Ministerio Público y, en procedimiento abreviado, condenó a cinco ex detectives implicados en la red de corrupción que lideraba la coimputada en la causa Margarita Cuadros Aedo.
En un comunicado del Poder Judicial se informó que en la audiencia de lectura de sentencia, realizada este viernes, el magistrado Sallés procesó, en calidad de autores, a:

- Óscar Ruiz Silva a 61 días de presidio por el delito de asociación ilícita, y 3 años de presidio por delitos informáticos reiterados (8). Se le concedió al sentenciado el beneficio de la libertad vigilada de Gendarmería por el término de 5 años.

- Diego Inostroza Flores a 61 días de cárcel por asociación ilícita; 800 días de presidio por delitos informáticos; 3 penas de 60 días de prisión por cohecho, más 5 años de inhabilitación especial o absoluta para ejercer cargos u oficio público y una multa de 30.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la reclusión nocturna.

- Ricardo Morales Calquín a 61 días de presidio por asociación ilícita; 2 penas de 540 días de presidio por delitos informáticos reiterados; 60 días de prisión por del delito de obstrucción a la investigación; 60 días de prisión por el delito de cohecho, más la suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena y una multa de 300.000 pesos. Se concedió al sentenciado el beneficio de la libertad vigilada por el término de 5 años.

- Manuel Orellana Gutiérrez a 61 días de presidio por el delito de asociación ilícita; 540 días de presidio por el delito de falsificación de instrumento público; 60 días de prisión por cohecho, más suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena, y una multa de 200.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujeto a la supervisión de Gendarmería por el plazo de 3 años.

- Marcelo Palavecino Flores a 540 y 60 días de prisión por delitos informáticos reiterados; 40 días de prisión por el delito de quebrantamiento de arraigo; 60 días de prisión por cohecho, más suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena y una multa de 150.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujeto a la supervisión de Gendarmería por el plazo de tres años.

En parte de su resolución, el magistrado Sallés Bastarrica, sostuvo que las circunstancias atenuantes que esgrimieron las defensas de la irreprochable conducta anterior, "corresponde al mínimo exigible a cualquier ciudadano, más aún si se trata de personas que tuvieron en algún momento a su cargo, el resguardo y mantención del orden y la seguridad pública (...) en atención a la confianza y medios que en su momento se depositó en ellos para resguardar la convivencia social, necesarios para que este juez, tenga el convencimiento y la convicción que la citada atenuante es distinta y de mayor valor que la que pudiese reconocerse de cualquier otro individuo que también tuviese impoluto su extracto de filiación y antecedentes penales".
[26 de junio de 2009]
[©emol]

Falsificaron 66 Fallos

[Santiago] Red de corrupción en tribunales falsificó 66 fallos que beneficiaron a delincuentes. Según el vocero de la Corte Suprema salvo los jueces del 4° Tribunal Oral, el resto se encuentra con sumario abierto.
La red de corrupción que operaba al interior de los tribunales de Justicia adulteró 66 fallos, lo que permitió, por ejemplo, la rebaja de condenas a delincuentes y narcotraficantes, según informó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica.
De acuerdo al magistrado, se adulteró ordenes y contraórdenes emanadas desde los tribunales de garantía capitalino entre lo años 2005 y 2008.
"No es un asunto en que estén todos lo tribunales o que toda la administración involucrada: 66 (fallos) de un universo de 101 mil, evidentemente que es grave. De tal manera que, cualquier acto por uno que sea, es grave que se produzca", expresó Juica.
El vocero del máximo tribunal añadió que salvo los jueces del 4° Tribunal Oral, el resto se encuentra con sumario abierto por su presunta responsabilidad en la falta de control en el tema.
La investigación por este caso –a cargo del ministro Mario Carroza- se inició en octubre del año pasado tras la detención de más de 30 de funcionario de la PDI y del Poder Judicial.

La Red
Los funcionarios del Poder Judicial otorgaban beneficios a delincuentes, en su mayoría narcotraficantes, a quienes cobraban entre $300 mil y $4 millones por entregar documentos que aparentaban ser legales o extraviar expedientes de los inculpados con el fin de rebajarles penas.
Uno de los beneficiados por esta red fue el ex alto jefe policial, Trevor Oyarzún, quien está imputado por haber pagado un cambio de alcoholemia tras protagonizar un accidente de tránsito.
[19 de junio de 2009]
[©la tercera]

Remueven a 4 Detectives

[Talca] Remezón en la PDI maulina por alejamiento de cuatro detectives. Investigación interna determinó que los funcionarios -ex integrantes de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO)- habían aceptado trato con imputado por estafa a cambio de borrar una de las ocho órdenes de detención que tenía pendientes
"Los funcionarios están bajo la medida de retiro temporal de la institución, a raíz de los antecedentes reunidos en una investigación interna. Se adoptó esta resolución bajo la política de ‘tolerancia cero'. Son actos reñidos con la ética institucional y que debe primar en todos nuestros policías".
Así explicó el prefecto regional de la Policía De Investigaciones (PDI), Juan Hernández, la medida adoptada por el director general, Arturo Herrera, que significó el alejamiento de dicha institución de un total de cuatro detectives, además de afectar a otros dos que fueron sancionados con días de arresto, todos ex integrantes de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Talca.
Los hechos se remontan al año 2006, cuando un grupo de fiscales detectó que existían antecedentes contradictorios en una investigación por un caso de robo, en especial tras los resultados de las diligencias realizadas por el entonces jefe de la BIRO, comisario Joaquín Maldonado, que apuntaban a sindicar la autoría del delito a un antisocial con antecedentes penales de nombre, Mauricio Verdugo Villalobos.

200 Mil Pesos
Según explicó uno de los fiscales que participó en las indagaciones, quien solicitó la reserva de su nombre, desde un principio existieron dudas en torno al interés de Maldonado por apuntar a Verdugo Villalobos como responsable, por lo cual optaron por interrogar personalmente a los afectados, aumentando aún más las sospechas.
A ello se agregó un elemento que activó todas las alarmas, ya que el sospechoso optó por declarar. Así reveló que la motivación del comisario Maldonado por culparlo del delito, apuntaba a una "venganza" porque nunca le había pagado una suma de dinero que bordeaba 200 mil pesos -acordada seis años antes entre ambos- a cambio de que se le "borrara" una orden judicial de detención, dictada por el Juzgado del Crimen de la ciudad de Puerto Montt.
El testimonio del imputado agregaba que, si bien por aquella fecha tenía un total de ocho órdenes pendientes, algunas por causas de mayor gravedad, su único interés era dejar sin efecto el mandato del tribunal sureño, a fin de no alejarse de su familia. Por ello, dijo que cuando fue derivado a cumplir una condena de cinco años de cárcel por estafa en Constitución, el informe policial aparecía sin la orden de Puerto Montt. A ello se agrega que, en el sistema informático de la PDI, también se procedió a cancelar dicha resolución judicial.

Sumario Interno
Tras obtener estos datos, los fiscales de Talca optaron por informar al entonces fiscal regional y actual intendente, Fernando Coloma, quien de inmediato puso los antecedentes en manos del alto mando de la policía civil de la época. Así la denuncia llegó a manos del Departamento Quinto de Asuntos Internos, de la PDI de Santiago, cuyos agentes confirmaron los antecedentes revelados por el imputado.
Dos años después, es decir, en enero pasado, se ordenó un sumario interno a cargo del prefecto de Talca de la PDI, Humberto Cuevas, quien ratificó el ofrecimiento de dinero y la cancelación de la orden judicial. Tras ello, luego de la revisión a cargo del prefecto regional, los antecedentes llegaron a manos del director general, quien optó por decretar el alejamiento de la institución del comisario Maldonado.
A la lista se agrega el subcomisario Jaime Quezada; junto a dos inspectores Juan Higueras y Jorge Arellano; en tanto otros dos integrantes de la brigada resultaron con sanciones de arrestos por su responsabilidad en los hechos investigados. El prefecto Hernández subrayó que los seis detectives tienen la opción de apelar a la resolución del alto mando, agregando que si se confirma el retiro pasar a ser definitivo. En todo caso, indicó que los afectados abandonaron de inmediato sus funciones y que incluso retiraron sus pertenencias personales de los cuarteles donde cumplen actualmente funciones operativas.
[16 de abril de 2009]
[©el centro]

Por Cohecho Detienen a Jefe Policial

[Santiago] En prisión preventiva jefe policial y ex funcionario acusados de cohecho y obstrucción a investigación.
No se descarta que tengan relación con la red de corrupción desbaratada en octubre del 2008 y que involucraba a trabajadores del Registro Civil y de la PDI.
En prisión preventiva quedaron el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI comisario Edgardo Bastidas y el ex funcionario de esa institución, Fernando Emilio Torres Espinoza, por los delitos de cohecho y obstrucción a la investigación que habrían llevado a cabo con el fin de entorpecer el arresto de un grupo de contrabandistas.
El departamento quinto de la PDI detuvo esta mañana a los funcionarios, a raíz de una investigación que comenzó en julio del 2008 y fue llevada a cabo por la fiscalía Occidente.
Torres Espinoza había sido dado de baja por consumo de drogas, mientras Bastidas se encontraba activo. Los detenidos fueron puestos a disposición del Primer Juzgado de Garantía en horas de la tarde.
No se descarta que ambos funcionarios estén vinculados a la red de corrupción desbaratada en octubre de 2008 y que involucra a funcionarios del Registro Civil y de Investigaciones, quienes otorgaban beneficios a delincuentes, en su mayoría narcotraficantes, a quienes cobraban entre $300 mil y $4 millones por entregar documentos que aparentaban ser legales o extraviar expedientes de los inculpados con el fin de rebajarles penas.
[27 de enero de 2009]
[©la tercera]

Investigan a Jueza por Malversación

[Santiago] En investigación por malversación de caudales públicos. Corte procesa y ordena arresto de ex jueza por robo de fianzas.
El tribunal resolvió encausar y disponer la prisión preventiva de Elizabeth Galaz Cuadra, quien fue marginada de sus funciones en enero pasado por obtener bajas calificaciones en su desempeño, las que significaron su expulsión del Poder Judicial.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió procesar y ordenar la prisión preventiva de la jueza Elizabeth Galaz Cuadra, marginada de sus funciones en enero pasado, por el delito de malversación de caudales públicos, tras establecer que existen presunciones fundadas de su participación en la apropiación de fianzas entregadas al Tercer Tribunal del Crimen de la capital entre 2004 y 2005, cuando se desempeñaba como secretaria del juzgado.
La mujer fue expulsada del Poder Judicial a comienzos de este año por obtener bajas calificaciones en su desempeño. A ello se agregaban a dos sanciones disciplinarias anteriores.
Tras revisar los antecedentes, los ministros Cornelio Villarroel, Mario Carroza y el abogado integrante Emilio Pfeffer estimaron que a la ex magistrada le cabía responsabilidad en la sustracción de las cauciones entregadas en la secretaría del tribunal del crimen, las que nunca fueron depositadas en la cuenta del juzgado y que tampoco aparecieron posteriormente en dependencias del recinto.
"En dicha secretaría se recibieron, en dinero en efectivo, determinadas cantidades de dinero para responder por la libertad de los procesados, dineros que no aparecían como depositados en los libros de depósitos en cuenta corriente, y dinero que, buscados en las dependencias del tribunal, no fueron encontrados; que los dineros en referencia habrían sido entregados materialmente por concepto de fianza a la secretaria de entonces en el tribunal", reseña el fallo.
Añadiendo los jueces que de los informes periciales contables del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), de la declaración de la entonces jueza y de los funcionarios que en esa época trabajaban en el tribunal así como del sumario administrativo que se realizó en su contra por el extravío del dinero junto con las "propias declaraciones prestadas por doña Elizabeth Andrea Galaz Cuadra (...) fluyen antecedentes bastantes para presumir que en los hechos (...) ha cabido a ésta una participación culpable en calidad de autora", consigna el dictamen.
La investigación penal seguida en contra de Galaz Cuadra por el delito de malversación de caudales públicos se encuentra en el Cuarto Tribunal del Crimen de Santiago, que actualmente dirige la magistrada Ximena Sumonte, quien deberá citar a la mujer para notificarla de su procesamiento y de la prisión preventiva ordenada por la Corte.
[Andrea Chaparro]
[2 de diciembre de 2008]
[©la nación]

Preso por Robo Prefecto PDI

[Santiago] Harboe: de "alta gravedad" caso de ex prefecto PDI. Subsecretario valoró la gestión de Investigaciones en contra del ex jefe antirrobos, Trevor Oyarzún, por su presunto vínculo con el ‘robo del siglo'.
Como un hecho de "alta gravedad" calificó esta mañana el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, la presunta vinculación en el llamado "robo del siglo" y con una red de corrupción, del ex jefe de Delitos Contra la Propiedad de Investigaciones, Trevor Oyarzún, por lo que fue arrestado por esa misma policía.
"No cabe ninguna duda que este es un hecho grave, una persona a la cual el Estado le ha confiado la facultad de investigar delitos, que esté involucrada en un hecho de esta naturaleza nos parece de alta gravedad", dijo la autoridad.
El encargado de seguridad pública en el gobierno además destacó la gestión de los efectivos de esa misma policía en la indagación del ex funcionario y en su captura que se concretó anoche.
"Nos parece un acto de responsabilidad lo que ha hecho el alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI) que es, sin ningún tipo de cuestionamientos frente a la orden del fiscal y por investigaciones internas, detener a esta persona y ponerla a disposición de los tribunales como cualquier ciudadano", explicó.
En este sentido, descartó que el caso afecte la imagen de la institución y estimó que ahora "lo importante entonces es seguir fortaleciendo los niveles de control interno".
"La PDI goza de un prestigio nacional e internacional muy grande, si uno de sus integrantes participa de hechos ilícitos y es la propia institución la que lo pone a dispoción de la justicia, creo que esa imagen tiene que mantenerse intacta", señaló.
[27 de noviembre de 2008]
[©la nación]

Suspenden a Jueza

[Santiago] Magistrado a cargo de las pesquisas decidió suspender a la jueza Aída Guerrero para así avanzar en su investigación administrativa sobre la red de corrupción. Presidente de la Suprema calificó de "preocupante" los hechos.
El ministro con dedicación exclusiva, Mario Carroza, adoptó su primera resolución en las pesquisas sobre la red de corrupción que incluía a funcionarios judiciales e integrantes de la Policía de Investigaciones.
El magistrado suspendió de sus funciones a la titular del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, Aída Colomba Guerrero Rosen.
Con la medida el ministro cuenta más posibilidad de investigar administrativamente los posibles ilícitos cometidos.
Los imputados en la causa ya fueron sometidos al control de detención y formalizados por el tribunal de garantía.
Previamente el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, había dado luces sobre la presunta participación de magistrados en esta red. En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad afirmó que "no tenemos certeza, pero forma parte de la indagación de los hechos que estamos haciendo". A la vez que afirmó que "siempre es preocupante informarse de estos acontecimientos, pero desde abril el Poder Judicial se estaba preocupando de la materia y ordenó iniciar estas investigaciones apenas se tuvo noticia de que podía haber esta irregularidad".
[20 de octubre de 2008]
[©la nación]

Corrupción con Placa

[Santiago] Cómo funcionaba la red de detectives y funcionarios judiciales. Ex actuaria era la líder y un detective se desempeñaba como su mano derecha. Este policía contactaba a los clientes en las cárceles y les ofrecía un listado de servicios que costaban hasta $4.500.000.
El detective Diego Inostroza Flores (35), del Departamento de Extranjería, se había casado el jueves en el Registro Civil y ayer debía contraer matrimonio por la ley de Dios en una iglesia de Recoleta. El martes próximo pensaba irse de luna de miel a Pucón. La vida le sonreía.
En cambio, el detective Marcelo Palavecino Flores (33), de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de San Bernardo, lo estaba pasando mal. Un banco y diferentes casas comerciales lo tenían amenazado de embargo y se encontraba a punto de perder el departamento y su vehículo.
Inostroza y Palavecino son dos perfiles de la red de corrupción que formaban 10 efectivos de la Policía de Investigaciones y funcionarios del Poder Judicial.
Todos fueron detenidos en la madrugada del viernes, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte desde el año pasado contra esta mafia que ha remecido a dos de las principales instituciones del país.
Según cálculos de la fiscalía, entre 80 y 150 delincuentes fueron favorecidos por esta organización que viene operando desde hace cinco años en los tribunales. Entre estos antisociales hay hampones de poca monta, pero también peligrosos asesinos, violadores y traficantes.
Por ejemplo, el homicida y narco Nelson Bórquez Haro eludió órdenes de detención de cuatro tribunales de la República y es posible que haya huido del país. Otro asesino favorecido es Daniel Silva Valverde, buscado por dos tribunales. Lo mismo el estafador contumaz Alejandro Zuik Ring, quien evitó cuatro órdenes de captura.

Modus Operandi
De acuerdo a la investigación desarrollada por la fiscal Nancy González, la líder de esta organización es Margarita Cuadros Aedo (55), ex dactilógrafa de Investigaciones entre 1974 y 1980 y ex actuaria del 23er. Juzgado del Crimen de Santiago hasta el año 2005. Durante todo ese tiempo tejió una madeja de contactos que usó para vender favores a delincuentes.
Mano derecha de Margarita Cuadros y encargado de contactar a tan ‘selecta clientela' era el detective Jorge Fuentes Molina (38), de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom). Además, se preocupaba de pagarles a sus colegas y de proteger a los familiares de Cuadros Aedo.
Fuentes Molina visitaba las cárceles y acordaba los precios con los delincuentes interesados. Las tarifas más altas correspondían a las libertades y las rebajas de condenas ‘truchas', es decir, con firmas de jueces y timbres falsos.
Por estas ‘resoluciones judiciales', cobraban hasta $4.500.000. Pero también vendían contraórdenes de arresto a valores más módicos.
En estas gestiones, Margarita Cuadros contaba con la complicidad de René Pizarro Araya (39) y Joaquina Carreño Ramírez (51), del 32º Juzgado del Crimen de la capital y del 4º Tribunal de Garantía de Santiago, respectivamente.
Otra especialidad de Joaquina Carreño era el robo de expedientes en distintos juzgados, por lo cual cobraba un millón y medio.
Otro implicado en los hechos es Darwin Arancibia Muñoz (39), funcionario del Servicio Médico Legal (SML). Su nicho era la adulteración de las alcoholemias, por las que pedía hasta $1.800.000.
No perdonaba, porque incluso le cobró al detective Mario Acuña Sagal (32), otro de los detenidos de esta mafia. El funcionario chocó en estado de ebriedad y tenía 2,3 gramos de alcohol en la sangre (coma etílico), pero el examen llegó limpio al tribunal.

Detectives Hackers
La tarea de los detectives corruptos consistía en eliminar los antecedentes de los delincuentes y las órdenes de arraigo desde el sistema computacional Gepol (Gestión Policial) de la PDI. Para ello, usaban las claves de ingreso de sus jefes o de otros funcionarios.
En estos ilícitos descollaban el ‘novio' Diego Inostroza y el ‘moroso' Marcelo Palavecino. El primero llevaba 8 años en Investigaciones, dos de ellos en el Departamento de Extranjería.
Estaba destinado al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, donde verificaba que se hubiesen eliminado las órdenes de arraigo. Se estima que permitió la fuga del país a 16 delincuentes.
Palavecino, en tanto, en complicidad con el detective Ricardo Meza Fuenzalida (33), blanqueaba los antecedentes de los delincuentes y ocultaba las órdenes de arraigo o se las achacaban a otros antisociales.
De esta forma, permitió el escape a Perú de un avezado clonador de tarjetas y autor de millonarias estafas que era intensamente buscado.
Pero el viernes se acabó la fiesta para el ‘novio' Inostroza y aumentó el calvario del ‘moroso' Palavecino. Fueron detenidos de madrugada en sus domicilios por sus mismos colegas, al igual que otros siete detectives.
Estarán en prisión preventiva durante dos años, el máximo que permite el nuevo sistema procesal penal, imputados por asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público y delito informático. Todos ingresaron incomunicados a sus lugares de reclusión.

Estructura
Margarita Cuadros Aedo (55), líder.
Jorge Fuentes Molina (38), detective y mano derecha de la anterior.
Vitalicio Hernández Silva (42), PDI.
Ricardo Meza Fuenzalida (33), PDI.
Óscar Ruiz Silva (32), PDI.
Williams Ramírez Viera (30), PDI.
Marcelo Palavecino Flores (33), PDI.
Ricardo Morales Calquín (28), PDI.
Mario Acuña Sagal (32), PDI
Richard Salinas Lillo, PDI.
René Pizarro Araya (39), 32° Juzgado del Crimen de la capital.
Joaquina Carreño Ramírez (51), 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Darwin Arancibia Muñoz (39), SML.
María Chávez Díaz (30), ligada al Poder Judicial.
Ricardo Pérez Landeros (50), ligada al Poder Judicial.
Manuel Orellana Gutiérrez (34), ligada al Poder Judicial.
Pilar Díaz Fres (35), ligada al Poder Judicial.
Claudio Fuentes Alarcón (33), familiar de la líder, detenido en El Tabo.
Óscar Contreras Cruz, ex PDI.

Se Entregó el Último Detective
A disposición de la Fiscalía Centro Norte quedó ayer el detective Richard Salinas
Lillo, después de entregarse en el 7º Juzgado de Garantía de la capital. El policía es funcionario de la Bricrim de San Bernardo y tenía una orden de detención pendiente por su participación en la red de corrupción.
La PDI aseguró que con Salinas Lillo no hay más detectives con órdenes de arresto por estos hechos y reiteró que los 10 detenidos se encuentran, hasta el momento, suspendidos de sus funciones y no expulsados de la policía civil. Sin embargo, debido a lo prolongado de la prisión preventiva, esta situación podría variar.

Citarían a Declarar a Carabineros
A pesar de que Carabineros desmintió que hubiese funcionarios de sus filas involucrados, ayer trascendió que algunos policías uniformados serán citados a declarar a la Fiscalía Centro Norte. Después de ese trámite, el Ministerio Público decidirá si los imputa por alguno de los cargos.
Entre las 11 mil grabaciones telefónicas que tiene la fiscal Nancy González, hay algunas en que aparecen carabineros en supuestas tratativas. Sin embargo, falta por escuchar detenidamente un gran número de ellas para determinar fehacientemente si están cometiendo delitos.
[Claudio Leiva Cortés]
[©la nación]

Suspenden a Juez por Robo

[Santiago] Corte suspendió por cuatro meses a juez por robar dinero de multas. Roberto Orchard, titular del Tribunal Oral de Los Andes, sustrajo 29 millones de pesos desde un juzgado de San Felipe entre 2002 y 2004.
Cuatro meses de suspensión decretó el pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del magistrado Roberto Orchard, acusado de sustraer más de 29 millones de pesos desde el Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, en donde se desempeñó como secretario titular 2002 y 2004.
Orchard, quien actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Oral de Los Andes, obtuvo los dineros desde la recaudación de las fianzas y multas por la ley de Alcoholes a la que tenía acceso.
Además, el tribunal de alzada abrió un cuaderno de remoción al juez, sobre el que se pronunciará este viernes la Corte Suprema y que podría significar su alejamiento definitivo de los cargos públicos.
La vocera de la Corte, Dinorah Cameratti, indicó que además de las sanciones administrativas, en casos como éste "además se pasa al funcionario a la justicia del Crimen".
El tribunal de alzada remitió los antecedentes del caso al Primer Juzgado de Letras de San Felipe y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
[3 de abril de 2008]
[©la tercera]