Corrupción con Placa

[Santiago] Cómo funcionaba la red de detectives y funcionarios judiciales. Ex actuaria era la líder y un detective se desempeñaba como su mano derecha. Este policía contactaba a los clientes en las cárceles y les ofrecía un listado de servicios que costaban hasta $4.500.000.
El detective Diego Inostroza Flores (35), del Departamento de Extranjería, se había casado el jueves en el Registro Civil y ayer debía contraer matrimonio por la ley de Dios en una iglesia de Recoleta. El martes próximo pensaba irse de luna de miel a Pucón. La vida le sonreía.
En cambio, el detective Marcelo Palavecino Flores (33), de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de San Bernardo, lo estaba pasando mal. Un banco y diferentes casas comerciales lo tenían amenazado de embargo y se encontraba a punto de perder el departamento y su vehículo.
Inostroza y Palavecino son dos perfiles de la red de corrupción que formaban 10 efectivos de la Policía de Investigaciones y funcionarios del Poder Judicial.
Todos fueron detenidos en la madrugada del viernes, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte desde el año pasado contra esta mafia que ha remecido a dos de las principales instituciones del país.
Según cálculos de la fiscalía, entre 80 y 150 delincuentes fueron favorecidos por esta organización que viene operando desde hace cinco años en los tribunales. Entre estos antisociales hay hampones de poca monta, pero también peligrosos asesinos, violadores y traficantes.
Por ejemplo, el homicida y narco Nelson Bórquez Haro eludió órdenes de detención de cuatro tribunales de la República y es posible que haya huido del país. Otro asesino favorecido es Daniel Silva Valverde, buscado por dos tribunales. Lo mismo el estafador contumaz Alejandro Zuik Ring, quien evitó cuatro órdenes de captura.

Modus Operandi
De acuerdo a la investigación desarrollada por la fiscal Nancy González, la líder de esta organización es Margarita Cuadros Aedo (55), ex dactilógrafa de Investigaciones entre 1974 y 1980 y ex actuaria del 23er. Juzgado del Crimen de Santiago hasta el año 2005. Durante todo ese tiempo tejió una madeja de contactos que usó para vender favores a delincuentes.
Mano derecha de Margarita Cuadros y encargado de contactar a tan ‘selecta clientela' era el detective Jorge Fuentes Molina (38), de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom). Además, se preocupaba de pagarles a sus colegas y de proteger a los familiares de Cuadros Aedo.
Fuentes Molina visitaba las cárceles y acordaba los precios con los delincuentes interesados. Las tarifas más altas correspondían a las libertades y las rebajas de condenas ‘truchas', es decir, con firmas de jueces y timbres falsos.
Por estas ‘resoluciones judiciales', cobraban hasta $4.500.000. Pero también vendían contraórdenes de arresto a valores más módicos.
En estas gestiones, Margarita Cuadros contaba con la complicidad de René Pizarro Araya (39) y Joaquina Carreño Ramírez (51), del 32º Juzgado del Crimen de la capital y del 4º Tribunal de Garantía de Santiago, respectivamente.
Otra especialidad de Joaquina Carreño era el robo de expedientes en distintos juzgados, por lo cual cobraba un millón y medio.
Otro implicado en los hechos es Darwin Arancibia Muñoz (39), funcionario del Servicio Médico Legal (SML). Su nicho era la adulteración de las alcoholemias, por las que pedía hasta $1.800.000.
No perdonaba, porque incluso le cobró al detective Mario Acuña Sagal (32), otro de los detenidos de esta mafia. El funcionario chocó en estado de ebriedad y tenía 2,3 gramos de alcohol en la sangre (coma etílico), pero el examen llegó limpio al tribunal.

Detectives Hackers
La tarea de los detectives corruptos consistía en eliminar los antecedentes de los delincuentes y las órdenes de arraigo desde el sistema computacional Gepol (Gestión Policial) de la PDI. Para ello, usaban las claves de ingreso de sus jefes o de otros funcionarios.
En estos ilícitos descollaban el ‘novio' Diego Inostroza y el ‘moroso' Marcelo Palavecino. El primero llevaba 8 años en Investigaciones, dos de ellos en el Departamento de Extranjería.
Estaba destinado al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, donde verificaba que se hubiesen eliminado las órdenes de arraigo. Se estima que permitió la fuga del país a 16 delincuentes.
Palavecino, en tanto, en complicidad con el detective Ricardo Meza Fuenzalida (33), blanqueaba los antecedentes de los delincuentes y ocultaba las órdenes de arraigo o se las achacaban a otros antisociales.
De esta forma, permitió el escape a Perú de un avezado clonador de tarjetas y autor de millonarias estafas que era intensamente buscado.
Pero el viernes se acabó la fiesta para el ‘novio' Inostroza y aumentó el calvario del ‘moroso' Palavecino. Fueron detenidos de madrugada en sus domicilios por sus mismos colegas, al igual que otros siete detectives.
Estarán en prisión preventiva durante dos años, el máximo que permite el nuevo sistema procesal penal, imputados por asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público y delito informático. Todos ingresaron incomunicados a sus lugares de reclusión.

Estructura
Margarita Cuadros Aedo (55), líder.
Jorge Fuentes Molina (38), detective y mano derecha de la anterior.
Vitalicio Hernández Silva (42), PDI.
Ricardo Meza Fuenzalida (33), PDI.
Óscar Ruiz Silva (32), PDI.
Williams Ramírez Viera (30), PDI.
Marcelo Palavecino Flores (33), PDI.
Ricardo Morales Calquín (28), PDI.
Mario Acuña Sagal (32), PDI
Richard Salinas Lillo, PDI.
René Pizarro Araya (39), 32° Juzgado del Crimen de la capital.
Joaquina Carreño Ramírez (51), 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Darwin Arancibia Muñoz (39), SML.
María Chávez Díaz (30), ligada al Poder Judicial.
Ricardo Pérez Landeros (50), ligada al Poder Judicial.
Manuel Orellana Gutiérrez (34), ligada al Poder Judicial.
Pilar Díaz Fres (35), ligada al Poder Judicial.
Claudio Fuentes Alarcón (33), familiar de la líder, detenido en El Tabo.
Óscar Contreras Cruz, ex PDI.

Se Entregó el Último Detective
A disposición de la Fiscalía Centro Norte quedó ayer el detective Richard Salinas
Lillo, después de entregarse en el 7º Juzgado de Garantía de la capital. El policía es funcionario de la Bricrim de San Bernardo y tenía una orden de detención pendiente por su participación en la red de corrupción.
La PDI aseguró que con Salinas Lillo no hay más detectives con órdenes de arresto por estos hechos y reiteró que los 10 detenidos se encuentran, hasta el momento, suspendidos de sus funciones y no expulsados de la policía civil. Sin embargo, debido a lo prolongado de la prisión preventiva, esta situación podría variar.

Citarían a Declarar a Carabineros
A pesar de que Carabineros desmintió que hubiese funcionarios de sus filas involucrados, ayer trascendió que algunos policías uniformados serán citados a declarar a la Fiscalía Centro Norte. Después de ese trámite, el Ministerio Público decidirá si los imputa por alguno de los cargos.
Entre las 11 mil grabaciones telefónicas que tiene la fiscal Nancy González, hay algunas en que aparecen carabineros en supuestas tratativas. Sin embargo, falta por escuchar detenidamente un gran número de ellas para determinar fehacientemente si están cometiendo delitos.
[Claudio Leiva Cortés]
[©la nación]