Vida Marcada por la Violencia

[Arica] La violencia destruyó su vida. Pobladora, enferma y pobre, se acaba de separar, además, de un marido que le pegó durante ocho años. Pide la ayuda de la comunidad.
La justicia logró comprobar la violación de dos de sus cuatro hijos, dice.
Afirma que dos sujetos mayores de edad son los responsables de estos ilícitos.
Uno de ellos estaría en la cárcel. Desconoce la suerte del otro.
Como si lo anterior fuera poco, comenta que su esposo la agredió física y psicológicamente durante ocho de los diez años que estuvieron juntos.
Muestra un documento con fecha de marzo, en el que el Juzgado de Garantía de Arica prohibe a un tercero, a quien identifica como su cónyuge, acercarse a ella por el periodo de un año.
Así ha sido hasta ahora la vida de Carla Valesca Castañeda Araya, una mujer de 37 años, quien a esta altura no vive, sino que sobrevive.
La ariqueña aseveró que tiene domicilio en calle Cerro Chuño de la población del mismo nombre.
Explicó que uno de sus hijos, que en la actualidad tiene 15 años, fue violentado por un desconocido, mientras permanecía en un hogar de menores en Coquimbo.
"El fiscal mandó a hacerle los exámenes y el Servicio Médico Legal le encontró muestras de violación. Pero no sé en qué estará esa causa".
Sospecha que el menor fue víctima de abusos por segunda vez, pero ahora de parte de un ariqueño de 51 años, a quien ella misma reconoce haber acogido en su casa.
El sujeto cumple prisión preventiva en la Cárcel de Acha, pero por la violación de otro de los hijos de la mujer, uno de 13 años.

Cónyuge
Carla Castañeda expuso documentos que acreditan que el 12 de febrero, el Juzgado de Garantía ordenó a su esposo, "someterse a evaluación para un eventual tratamiento para el abuso del alcohol y drogas".
El imputado, un albañil identificado con las iniciales L.R.A.R. (44), debía cumplir el tratamiento en el centro Essma Norte, "pero nunca fue", aseveró.
Tras un nuevo episodio de violencia intrafamiliar que terminó con lesiones menos graves para la ariqueña, el tribunal condenó al sujeto a pagar seis Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y le prohibió acercarse a la víctima por el periodo de un año.
Ese fue el corolario de una década de matrimonio.
La pobladora, que tenía dependencia económica de su marido, pide ahora la colaboración de la comunidad y de las autoridades, porque el dinero no le sobra.
"Hago quequitos y salgo a vender, pero no me alcanza. Estoy enferma del útero y del pecho. Tengo que operarme".
Afirmó que su caso se conoce en los tribunales penales, familiares y en el municipio.
[28 de marzo de 2008]
[©estrella de arica]