Interrogatorio en Caso de Fallo Falso

[Santiago/Iquique] Interrogan a reo que sería beneficiado con fallo falso. Mauricio Pinto Duarte prestó declaración ante detectives de la Bridec en la cárcel de Iquique, donde cumple una condena de 15 años y un día por robo con intimidación. La Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación, busca aclarar cómo contactó a la persona que adulteró la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que rebajaba su pena a seis años. Con el abono de tiempo que llevaba preso habría sido puesto en libertad.
El equipo especial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil, que viajó a Iquique el lunes pasado, tomó declaración a Mauricio Pinto Duarte (34) condenado a 15 años y un día de cárcel por el delito de robo
con intimidación, a quien beneficiaba una resolución de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falsificada y que fue detectada por funcionarios de Gendarmería de la cárcel de Alto Hospicio, donde el sujeto cumplía su sentencia.
El fallo judicial adulterado rebajaba la pena de Pinto a seis años de presidio efectivo y como éste llevaba preso el tiempo indicado en la resolución, el abono le permitía quedar en libertad de inmediato.
El objetivo de la diligencia, ordenada por la fiscal Nancy González, es determinar cómo el reo consiguió contactar a la persona que adulteró el dictamen del tribunal de alzada capitalino o si se trata de una organización dedicada a este negocio. En definitiva, recabar todos los antecedentes para identificar a los responsables del hecho.
Los detectives también deberán entrevistarse, en los próximos días, con los gendarmes del recinto penitenciario pues podrían manejar información útil para la investigación.
A comienzos de semana, los funcionarios policiales incautaron los oficios y fax que supuestamente autorizaban la salida de Pinto, los que en Santiago serán analizados por peritos especialistas.
La fiscal González indaga el caso hace una semana luego que el pleno del tribunal de alzada capitalino resolviera remitir los antecedentes al Ministerio Público junto con ordenar un sumario administrativo por la adulteración, el cual quedó en manos del ministro Mario Carroza.
Tanto González como el magistrado acumularon esta nueva indagación a causas que ya instruían -en paralelo- por la falsificación de oficios, documentos y resoluciones judiciales de tribunales de garantía de la capital, en la que ya hay funcionarios sancionados administrativamente así como formalizados.

El Caso Pinto
Según los antecedentes reunidos hasta ahora, los papeles falsificados reseñaban que los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino -Alejandro Madrid, Adelita Ravanales y el abogado integrante Benito Mauriz- habían resuelto disminuir la pena de Pinto.
Pero al ser revisados los oficios llegados a la cárcel iquiqueña los documentos generaron sospechas y los funcionarios de Gendarmería decidieron que antes de dejar en libertad al sujeto se contactarían con el 22 Juzgado del Crimen de la capital, tribunal de primera instancia que tenía en caso del condenado.
Al chequear la información, resultó que el fallo no era conocido por la titular del juzgado, la magistrada Viviana Toro, quien explicó a los gendarmes que ese oficio no había sido despachado por ella. Continuaron las consultas y los ministros de la Quinta sala tampoco reconocieron sus firmas, estableciéndose que éstas eran falsas.
El hecho fue calificado como "inédito" y "gravísimo" por el presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Escobar, luego que la información fuera puesta en conocimiento del pleno el pasado 8 de agosto.

Las Primeras Falsificaciones
La génesis de estos hechos se remonta a abril de este año cuando se sorprendió la primera resolución falsa. Fue un hecho similar al de Pinto. Esa vez la jueza Carolina Herrera descubrió que desde su tribunal -el Cuarto Juzgado de Garantía- se había enviado a la cárcel de Los Andes un oficio en el cual se abonaba tiempo de prisión preventiva a un reo para que éste quedara en libertad. El beneficiado iba a ser Janio Henry González.
Así comienzan las primeras pesquisas. La preocupación en el Poder Judicial es evidente, pues un caso como éste dejaba al descubierto un acto que podría estar ligado a la corrupción en el nuevo sistema de justicia. Días después se suspende de sus funciones a Gloria Navarrete, funcionaria del Cuarto Juzgado de Garantía. Las autoridades judiciales aclaran que se trata de una empleada del sistema antiguo que hace poco llegó a cumplir funciones en la nueva justicia.
Tras identificarla y tomarle declaración, el Ministerio Público dicta una orden de detención en contra de Uberlinda Elizondo, funcionaria del Poder Judicial que también viene de los antiguos tribunales del crimen y actualmente se desempeñaba en la jurisdicción de los juzgados de garantía.
La mujer permanece prófuga durante un tiempo, pero luego se entrega a la justicia. La fiscal Nancy González hasta ese momento le imputó once falsificaciones, en las cuales la mujer benefició a reclusos que estaban presos por robos, narcotráfico y conducción en estado de ebriedad. Elizondo queda en prisión preventiva, tras ser formalizada por falsificación de instrumento público.
Poco antes también se le imputó los mismos ilícitos, además de cohecho, a un inspector de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom), quien fue el contacto entre las mujeres y Janio González.
El temor de que más funcionarios del Poder Judicial y otros organismos auxiliares a la persecución penal estén involucrados en esta presunta "mafia" hace que la fiscal tome mayores resguardos en la tramitación ante los tribunales y reserve cada actuación de su indagatoria.
La causa seguía su curso, hasta que apareció el oficio de la Corte de Apelaciones que abrió nuevas presunciones como que la red de falsificadores continuó operando y que son trabajadores avezados que incluso se han atrevido a suplantar firmas de ministros.
Esta historia se seguirá tejiendo durante los próximos días bajo la atenta mirada de la Corte Suprema que ha manifestado su preocupación por este tipo de hechos.
[Andrea Chaparro y Leslie Ayala]
[16 de agosto de 2008]
[©la nación]