Los datos que hacen crisis en casos Lapostol, Banco Security y Quiroz. Sospechas que dejan fugas.
El asesinato de María Soledad Lapostol, el asalto al Banco Security y la huida del coronel de Carabineros y ex agente CNI Iván Quiroz. ¿Qué podrían tener en común los casos policiales más relevantes del último tiempo, aparte de sangre, muertos y balazos? Que todos los presuntos autores de los crímenes están libres y son los prófugos más buscados por el sistema policial.
Las Movidas de Quiroz
Durante las últimas dos semanas, las policías han estado de cabeza intentando resolver el homicidio de la ejecutiva financiera María Soledad Lapostol Luco, ocurrido el 20 de diciembre último. Hay un presunto autor del crimen, Luis Andrés Araya Galaz, que está plenamente identificado, aunque aún no ha sido detenido.
Sobre lo que todavía existen dudas es acerca de las motivaciones que habría tenido el supuesto homicida. Araya Galaz, hasta donde se sabe, engañó a la mujer pretendiendo comprar un vehículo, el mismo método que había usado en al menos diez atracos anteriores, que lo llevaron a purgar casi nueve años de cárcel. Esta vez aprovechó que Lapostol había puesto avisos en diarios e internet para vender un todo terreno Mitsubishi, propiedad de un vecino que se encontraba fuera del país.
De allí que concertó una cita con la mujer y le pidió probar el automóvil por las calles de Santiago. Sorpresivamente, la empleada del Banco Penta se vio amenazada con un arma de fuego y terminó en la cajuela de la misma camioneta, maniatada y con cuatro balazos en la cabeza.
Según antecedentes recogidos por LND, los fiscales a cargo del caso, Jorge Reyes y Rodrigo de la Barra, tienen prácticamente la certeza de que se trató de un delito común. La cantidad de pruebas que refrendan la participación de Araya Galaz es tan abrumadora como sorprendente, y precisamente eso no ha dejado de llamar la atención. En el auto, por ejemplo, se encontró ropa ensangrentada de un hombre muestras con células epiteliales que permiten hacer identificaciones de ADN , el arma utilizada para el crimen y, como si aún fuera poco, un pequeño bolso con lápices y una tarjeta memory stick borrada, la que, tras algunas pericias, permitió descubrir fotografías de las hijas de Araya.
Asunto de Familia
La inusual abundancia de pruebas, junto con otros elementos, ha hecho que los dos fiscales mantengan aún en pie al menos una tesis alternativa sobre las motivaciones del crimen: un ajuste de cuentas o un crimen por encargo.
En fuentes allegadas a las familias León Lapostol marido e hijos y Lapostol Luco padres reconocen una división entre los familiares. En los últimos días, el viudo de María Soledad, Alfredo León, comenzó a sondear entre varios abogados la posibilidad de presentar una querella por el crimen. Entre los consultados estuvo el poderoso estudio jurídico de Juan Enrique Puga y Luis Ortiz Quiroga, aunque hasta el viernes no se definía cuál sería el camino a seguir.
Por otro lado, la familia paterna de María Soledad Lapostol, decidida a presentar una acción propia contra los responsables del homicidio, también comenzó a evaluar la contratación de abogados, barajando nombres como los de Francisco Cox ex integrante del estudio de Luis Hermosilla y Matías Balmaceda ex abogado de Jorge Lavandero.
Tanto los fiscales como la familia han descartado la existencia de antecedentes que confirmen animadversión explícita o amenazas en contra de los León Lapostol. Pero todos están conscientes de que una parte de la familia Lapostol Luco ha estado vinculada a hechos criminales significativos.
Un tío de la mujer, el general de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, fue durante la dictadura jefe del siniestro Comando Conjunto, mientras el primo de la víctima, Enrique Ruiz Luco, ha estado involucrado en estafas y fraudes aduaneros. Además, fue mencionado en la investigación por el crimen del abogado Rolando Coloma, asesinado en 2002 con un arma del mismo calibre (7,65 mm) con que fue ultimada María Soledad Lapostol. Ese mismo caso habría sido, también, el móvil de un robo en el edificio de los tribunales, en Compañía con Morandé, caso que es investigado por la ministra en visita Amanda Valdovinos.
A la espera de que se entreguen los informes del Servicio Médico Legal, fuentes ligadas a la investigación señalaron a LND que tanto fiscales como familiares están impactados por el ensañamiento que evidenciaba el cuerpo de María Soledad. Trascendió que presenta muestras de haber sido golpeada brutalmente, y en varias oportunidades, con un elemento contundente. Es posible, además, que el homicida haya intentado asfixiar a la mujer antes de usar el arma, y que, cuando se disponía a dispararle el quinto balazo, el arma se haya trabado.
La violencia utilizada en el homicidio tampoco concuerda con los antecedentes criminales de Araya Galaz, quien no mostró la misma brutalidad en los robos que perpetró antes de ser condenado, en 1998. Fuentes de Gendarmería señalan que los informes internos que se realizaron a Araya cuando éste postuló a beneficios, tampoco advirtieron sobre alguna peligrosidad, lo que llevó a concluir que su proceso de rehabilitación estaba completo.
Los últimos trascendidos policiales indican que Araya Galaz estaría oculto en la misma vivienda en que se escondió cuando la policía anunció públicamente que estaba tras sus pasos. Y las mismas fuentes sostienen también que el sospechoso no se entregará, ya que sabe que la condena que le espera por este crimen es de presidio perpetuo efectivo, es decir, 40 años sin beneficios.
En Espera
Policías, fiscales y el Gobierno esperan que el presunto autor de este crimen sea capturado con rapidez. Aunque en un comienzo fue el OS-9 de Carabineros el que tuvo la orden exclusiva de investigar el caso, hace pocos días también se incorporó a la cacería la Policía de Investigaciones.
Como en ocasiones anteriores, la demora en la detención de prófugos de la justicia, siempre ha acarreado la competencia simultánea de ambas policías. LND confirmó que una buena parte del equipo que trabaja en el crimen de Lapostol Luco también está investigando el robo con homicidio en una sucursal del Banco Security en el centro de Santiago, el 18 de octubre. Aunque los presuntos autores del atraco que le costó la vida al cabo de Carabineros Luis Moyano, muerto de dos balazos fueron identificados como Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Carlos Gutiérrez, 80 días después del hecho tampoco han sido capturados.
El fiscal militar Roberto Reveco, a cargo del caso, confirmó que, además del encargo inicial a Carabineros, también se entregó una orden de búsqueda y detención de los cuatro sujetos a Investigaciones.
En fuentes de la justicia castrense están convencidos de que la demora en la captura de los prófugos se debe a que éstos cuentan con una amplia red de protección, y que tanto ellos como sus familiares tienen experiencia en este tipo de situaciones. De hecho, Carabineros detuvo el viernes a un número indeterminado de personas como presuntos encubridores de Carlos Gutiérrez Quiduleo. "Esto demuestra que hay un entorno que los protege y eso dificulta las tareas de búsqueda. Son personas que han cometido delitos y que han sido buscadas por la policía, así que saben cómo desenvolverse, la familia también", señaló Reveco a LND.
Hasta ahora, el fiscal militar no ha ampliado la orden entregada a la policía civil, centrándola sólo en la detención de los prófugos. El motivo, señala, es que "las indagaciones están bien hechas y no se justifica duplicar una investigación". Sin embargo, hasta ahora tampoco se han obtenido datos concretos que indiquen el paradero de los sujetos, y otras fuentes ligadas al caso creen que, tal como ocurrió con frentistas que se fugaron en 1996, los subversivos podrían haber salido del país clandestinamente.
Duro de Atrapar
Otro caso de prófugos ilustres que tiene de cabeza a las policías es el del teniente coronel (R) de Carabineros Iván Belarmino Quiroz Ruiz. El también ex agente de la CNI tiene complicado al alto mando de Investigaciones, encabezado por Arturo Herrera, al punto que la recientemente creada Jefatura de Derechos Humanos de la policía civil ha puesto su captura como uno de los principales objetivos.
A los detectives les pesa el haber recibido críticas del propio ministro en visita que condenó al ex carabinero, Mario Carroza, el que prefirió entregar también una orden de captura al OS-9 de la policía uniformada.
"El capitán Velasco", como le decían sus compañeros en el organismo represor, decidió evadir la justicia luego de que se hiciera efectiva una condena en su contra de diez años por los crímenes de 12 frentistas en la llamada Operación Albania. A esto se sumó que el 29 de diciembre pasado, cuando ya llevaba varios meses huyendo, se le agregó otra condena, a otros 13 años de cárcel, por los crímenes de Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y el periodista José Carrasco, perpetrados entre el 7 y 8 de septiembre de 1987.
Originalmente, el ministro Carroza había elegido para la tarea al experimentado prefecto Mario Zelada, quien ha investigado la mayoría de los casos de la CNI, donde Quiroz desarrolló gran parte de su carrera criminal. Sin embargo, en los mismos momentos en que el ministro a cargo de la causa críticaba la falta de resultados del trabajo policial, al interior de la policía civil se vivía un tenso clima debido a la pugna entre el director Herrera y el entonces prefecto de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, Rafael Castillo. Fuentes de la institución señalan incluso que la cercana relación de Castillo con Zelada trabajaron juntos durante gran parte de sus carreras hizo que el grupo de este último careciera de los medios adecuados para trabajar, por lo que en más de una ocasión Quiroz se les escapó por un pelo.
Con la salida de Castillo del alto mando, hace un mes, la orgánica interna de DDHH de Investigaciones fue modificada, y se creó la Jefatura Nacional de Derechos Humanos, a cargo del prefecto José Cabión.
Este último, de confianza de Herrera, relevó del mando a Zelada y puso en su reemplazo al subprefecto Juan Astorga, quien proviene de la Inspectoría y no tiene experiencia reciente en casos similares. "Después de dos meses desde que recibí el caso me di cuenta de que era muy poco lo que se había avanzado, razón por la cual creé otro grupo, incluyendo a la misma gente que estaba, pero un grupo multidisciplinario", explicó a LND el prefecto Cabión. A este equipo destinó a personal de la Brigada de Ubicación de Personas y de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado. "Además, se eligió a Astorga como jefe operativo debido a que ya había trabajado antes en derechos humanos, en el Departamento Quinto", señala Cabión, admitiendo, sin embargo, que hoy no hay ninguna línea de análisis que sea considerada como fundamental en el intento de dar con Quiroz.
Respecto de la posibilidad de crear grupos especiales de detención de militares en situación en rebeldía, sobre todo teniendo en cuenta los casos de Lautaro Castro, Raúl Iturriaga y el mismo Quiroz y las nuevas condenas que vienen , el nuevo jefe nacional de DDHH de la policía civil no descartó la creación de un grupo permanente de ubicación de personas. "No se puede hacer más. Porque yo no puedo dar consejos a los ministros sobre cómo dictar las órdenes de detención para los condenados y así evitar estas fugas. Lo que sí se puede efectuar es un trabajo coordinado con ellos", destaca Cabión, al tiempo que descarta aplicar medidas preventivas como seguimientos, debido a que en Chile éstos son ilegales.
Los tres casos mencionados (Lapostol, Banco Security y Quiroz) tienen a sus protagonistas prófugos, unos con más tiempos que otros y en ambos, las dos policías pugnan por atraparlos. Sin ir más lejos, trascendió que hace algunos días, en Lampa, la intromisión de Carabineros frustró un operativo de Investigaciones que estaba tras los pasos del presunto asesino de María Soledad Lapostol.
[Luis Narváez y Javier Rebolledo]
[6 de enero de 2008]
[©la nación]
Mostrando las entradas con la etiqueta Luis Andrés Araya Galaz. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Luis Andrés Araya Galaz. Mostrar todas las entradas
06 enero 2008
28 diciembre 2007
Identifican a Asesino de Lapostol

Luis Andrés Araya Galaz, es el hombre de la cámara del edificio donde trabajaba María Soledad Lapostol identificado por Carabineros, quien cometió en 1997 y 1998 operaciones idénticas, salvo que esta vez sus objetivos salvaron con vida. Incluso se repite la comuna de Ñuñoa como destino final de sus pasos. Cumpliendo una condena de diez años por robo de un vehículo con intimidación, recién había recuperado su libertad a comienzos de este año.
El hombre que apareció en una filmación en el edificio en que trabajaba la víctima María Soledad Lapostol, identificado por el OS9 de Carabineros como Luis Andrés Araya Galaz, utilizó el mismo modo de operar en 1998 en contra de Alejandro Emanuel Díaz Rodríguez en la ciudad de Rancagua. Salvo que éste último quedó con vida.
En esa oportunidad, Araya Galaz fue condenado a diez años de presidio en calidad de autor de robo con intimidación del vehículo de Díaz.
Según el abogado Reyniero García de la Pastora que representó judicialmente a Araya Galaz en otro proceso, éste "cumplió entera su condena y recién salió en libertad a comienzos de este año 2007".
En aquella sentencia de 1998 aparece además el nombre de César Osorio Moscoso, también condenado a diez años, quien participó en la operación junto a Araya Galaz.
El caso tiene bastante coincidencia en el modo de acercarse a la víctima. Araya y Osorio ubicaron a Díaz Rodríguez a través del diario, porque éste vendía su jeep Vitara color rojo que se encontraba en las afueras del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) en Rancagua, hasta donde ambos llegaron.
"Cuando le pedimos que fuéramos a dar una vuelta de prueba del vehículo, lo intimidamos (con una pistola) y lo trajimos a Santiago, pero antes pasamos por un cajero automático donde le hicimos sacar 390 mil pesos (con diversas tarjetas de crédito). Luego en Santiago lo llevamos a la comuna de Ñuñoa, pero lo dejamos en el auto y nosotros huimos en un taxi".
En esta declaración, que fue refrendada en el proceso por Díaz Rodríguez, se repiten con el caso Lapostol los siguientes hechos: ubicar un vehículo para supuestamente comprarlo; encontrarse con la víctima: pedirle a ésta salir a probar la máquina; intimidarla con un arma de fuego durante el trayecto de "prueba"; utilizar tarjetas de crédito para obtener dinero desde cajeros automáticos y, curiosamente, trasladar al "secuestrado" hasta la comuna de Ñuñoa, donde a Díaz lo sueltan y le dejan el auto, y a Lapostol la asesinan, dejando también el vehículo intacto.
En ese proceso Díaz Rodríguez manifestó expresamente "no quiero ser careado con mis captores".
En los expedientes del caso de 1998 aparece el antecedente de que Araya Galaz había sido anteriormente absuelto por un delito de iguales características, robo con intimidación en perjuicio de Manuel Hernández Fernández, hecho ocurrido el 2 de octubre de 1997.
En la causa de 1998 se aporta además el nombre de Ivan Thomayer, como quien participa junto a Araya y Moscoso en el ilícito en contra de Díaz Rodríguez.
Se desconoce hasta ahora si Moscoso y Thomayer son las otras personas que habrían participado con Araya Galaz en el crimen de María Soledad Lapostol Luco.
En Prisión
Estando en prisión cumpliendo su condena, Luis Araya Galaz se vio involucrado en el robo de 140 millones de pesos en diciembre de 2005 en la ex penitenciaría de Santiago, dinero que los gendarmes de ese penal habrían tenido destinado a la celebración de la fiesta de Navidad.
Su abogado Reyniero de la Pastora dijo a lanación.cl que "mi cliente (Araya Galaz) fue el que, estando en prisión, denunció la pérdida de este dinero, pero después los gendarmes lo acusaron a él. El caso se sigue investigando por la fiscalía Centro Norte de Santiago".
De acuerdo a las informaciones de esa investigación, Araya Galaz habría sido quien aportó a la fiscal María Trinidad Inostroza una serie de documentos de los cuales logró hacerse, a través de los cuales se habría comprobado una serie de irregularidades cometidas por Gendarmería en ese penal.
En esta indagatoria habrían antecedentes que los 140 millones perdidos no corresponderían en realidad a celebrar una fiesta de Navidad, sino tendrían que ver con una serie de negocios realizados por mencionado Comité de Navidad que importarían una defraudación fiscal de más de cien millones de pesos.
Por ese motivo, en esa oportunidad Araya Galaz fue trasladado por la fiscal Inostroza a la Cárcel de Alta Seguridad, para evitar posibles atentados en contra de su vida.
Pista Clave
Luis Araya Galaz pasó el día del crimen, viernes 21 de diciembre, por la casa de su hermana Rosalba Araya Galaz. Le dijo que se iba de viaje al sur, por lo que le encargó que le guardara en su domicilio su camioneta Chevrolet Blazer. Rosalba no le preguntó más detalles pues confía en su hermano.
Ella vive en la Villa Militar Oeste al poniente de Santiago en Pajaritos, y está casada con el cabo de Ejército Samuel Peña Martínez.
Por ello el OS9 de Carabineros indaga en estas horas a Rosalba Araya, para tratar de llegar a través suyo a su hermano Luis Andrés.
Hasta ahora la hermana del presunto autor no aparecería involucrada en el crimen de Lapostol Luco, pero también se chequea si la segunda mujer desconocida que ha aparecido en escena podría ser ella.
Entre las pistas existentes hay una segunda muestra de sangre de una mujer que no corresponde a la víctima.
Identifican a Presunto Autor
La identidad del principal sospechoso del secuestro con homicidio de la corredora bancaria fue establecida por Investigaciones, luego que el fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Xavier Armendáriz, entregara a un funcionario de la institución el video en el que aparece Luis Andrés Araya Galaz en el ascensor del edificio donde trabajaba María Soledad Lapostol.
La copia de la cinta que capturó el rostro de supuesto victimario fue entregada por Armendáriz al efectivo de la policía civil la noche del martes, antes de ser exhibidas el miércoles a la prensa para su difusión.
Tras la revisión de las imágenes se estableció la identificación del hombre y el prontuario que ya se le conoce, información que fue entregada por Investigaciones al Ministerio del Interior que, a su vez, la remitió a Carabineros para hacerla pública.
[Jorge Escalante]
[28 de diciembre de 2007]
[©la nación]
Suscribirse a:
Entradas (Atom)