En Juzgado Adulteraban Sentencias

[Santiago] Pleno de corte conocerá la causa en inédita audiencia. Indagan a funcionarios y jueces por adulteración de sentencias en Octavo Juzgado del Crimen.
El ministro Mauricio Silva Cancino, que indagó los hechos, decidió enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para dar cuenta de las irregularidades ya que podrían configurar el delito de falsificación o adulteración de instrumento público.
En un pleno extraordinario, con alegatos públicos y la presencia de miembros del Poder Judicial denunciados por irregularidades, se comunicará a los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago la investigación administrativa que por ocho meses instruyó su par, el juez Mauricio Silva Cancino, quien debió indagar la adulteración de sentencias en el Octavo Juzgado del Crimen de la capital.
Esto, luego que en marzo pasado, la jueza María Inés Collin, titular del cuestionado tribunal, enviara al magistrado -en su calidad de visitador- un oficio en el que informa que en el estante de Rodrigo Cortés Pinto, oficial cuarto del juzgado, fueron encontrados una serie de expedientes el 23 de febrero de 2007.
Tras esto, la magistrada le remitió la declaración que prestó ante ella el funcionario diez días después del descubrimiento y la reproducción de un oficio de 13 de septiembre de 2006 en el que se despachaban copias de sentencias supuestamente dictadas por el tribunal, pero que se sospechaba estaban adulteradas. Silva se constituyó en el tribunal en innumerables ocasiones para tomar declaración a los funcionarios.
Las pesquisas lo llevaron a abarcar un período mayor al que se había impuesto en un comienzo porque el irregular comportamiento de algunos funcionarios apuntaba a que los hechos que estaba indagando se repetían desde, al menos, cinco años.

Posibles Sanciones
Si bien las sanciones que resolvió el ministro no son vinculantes a lo que finalmente resuelva el pleno del tribunal de alzada es probable que se pida la remoción de Cortés Pinto debido a la gravedad de los hechos imputados, dijeron fuentes judiciales. De hecho, se presume que recibía dinero como pago de parte de los familiares o de los mismos inculpados.
En su informe, el juez también menciona al otrora secretario del tribunal, Sergio Córdova, quien actuó como juez suplente en algunas oportunidades. También habría sido indagada otra de las oficiales del tribunal, Jessica Cofré.
Estos dos últimos tendrían una responsabilidad menor en los hechos porque si bien su actuar pudo ser negligente, al no verificar que los procedimientos se cumplieran, no habrían intervenido de manera directa en las adulteraciones de documentos, comentaron fuentes ligadas al caso.
Los tres funcionarios indagados deberán asistir este miércoles al pleno extraordinario para exponer su versión.

Casos a la Fiscalía
Tras constatar la gravedad de la situación, el ministro instructor estimó que podía haber hechos constitutivos de delito ya que denunció algunos capítulos ante el Ministerio Público. También envió antecedentes a los antiguos juzgados del crimen, dependiendo de la competencia que correspondiera.
Aquellos hechos ocurridos de junio de 2005 en adelante serán indagados por la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, quien recibió un oficio de la Corte el pasado 10 de julio con los antecedentes.
Primero, que en el tribunal se habría anexado una sentencia absolutoria a un expediente para que un imputado quedara en libertad aunque no debía concedérsele el beneficio; que se envió un informe a Interpol para que otro inculpado pudiera salir del país. Algo similar ocurrió respecto de una orden de egreso de pena cumplida por la que un tercer imputado consiguió acceder al medio libre.
Por último, se hace referencia a un oficio en el que se comunica el pago de una fianza de un cuarto inculpado y la pérdida del expediente de esa causa.
[Leslie Araya /Andrea Chaparro]
[4 de diciembre de 2007]
[©la nación]