Formalizan a Detectives por Prostitución

[Valparaíso] Red de prostitución de menores: formalizan a detectives y abogado del ‘Charly'. En la audiencia, el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva para los cuatro implicados.
En el Juzgado de Garantía de Valparaíso fueron formalizados esta mañana los detectives Sergio Jarpa, Claudio Cortés y Jorge Gallardo; además del abogado del ‘Charly' (Carlos Parra), quien es dueño de dos prostíbulos, Ricardo Bravo, supuestamente implicados en la red de prostitución infantil que operaba en Valparaíso.
Los funcionarios policiales y el profesional se habían ausentado de la primera audiencia de formalización, realizada en julio pasado, tras haber presentado licencias médicas al igual que el ex subcomisario de la PDI, Héctor Guzmán, quien escapó a Argentina.
La fiscalía les imputó cargos por promoción de la facilitación de la prostitución, obtención de servicios sexuales de menores y negación de protección de las víctimas.
El Ministerio Público evitó pedir el arresto preventivo de los implicados. En cambio solicitó que se les prohíba salir del país y acercarse a las víctimas, medidas que fueron acogidas por el Tribunal. Con posterioridad se inició la formalización en audiencia del ex subcomisario Guzmán, por quien ya se iniciaría el proceso para pedir su extradición a Argentina.
[5 de agosto de 2009]
[©la tercera]

Violada por Su Ex

[Valparaíso] Implicada en caso red PDI denunció ultraje sexual. Es la misma que acusó secuestro y que fiscal porteño era su cliente en local del ‘Charly'.
Una de las supuestas víctimas y testigos principales de la presunta red de prostitución infantil que operaba al interior de la PDI de Valparaíso, denunció ahora ser víctima de un ataque sexual.
De acuerdo a antecedentes recabados por este medio, la joven identificada como S.E. B.D. (18) se presentó cerca de la medianoche del domingo en la Unidad de Emergencia Adulto del hospital Carlos Van Buren, para denunciar haber sido víctima de un ataque sexual.
De acuerdo al relato entregado por la muchacha, se reunió en el sector de Los Ventisqueros de Playa Ancha con su ex pololo, con quien estuvo ingiriendo alcohol.
En un momento de la tertulia, el sujeto de nombre Rodrigo le habría solicitado recordar viejos tiempos y concretar prácticas sexuales, las que tras su negativa habría llevado a cabo mediante la fuerza.
La joven incluso argumentó que fue agredida en uno de sus brazos y en la cabeza por parte de su ex amor. En el centro asistencial le habrían diagnosticado lesiones atribuibles al ultraje y a los golpes.
Se informó del suceso al fiscal de turno Carlos Parra Fuentes, quien determinó que se diera cuenta del hecho como abuso sexual y que la presunta víctima quedara a la espera de ser citada a declarar al Ministerio Público.

Caso Charly
La mujer que denunció este ataque sexual es la misma que meses atrás denunció haber sido secuestrada y golpeada por un grupo de detectives, atrás haber denunciado una presunta red de prostitución infantil al interior de la PDI de Valparaíso, caso por el que fueron formalizados cuatro detectives del cuartel San Francisco. Ella era una de las menores que prestaba servicios sexuales en los locales del Charly, que actualmente se encuentra preso.
Incluso S.B.D acusó en un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones que un fiscal del Ministerio Público frecuentaba los locales nocturnos para sostener encuentros sexuales con las menores y que incluso fue su cliente.
[Fabián San Martín D.]
[5 de agosto de 2009]
[©estrella de valparaíso]

Fiscal Violó a Niña en Prostíbulo

[Valparaíso] Denuncia contra PDI salpica a fiscal y Armada. Diputada Soto dijo que una de las niñas que prestaban servicios sexuales vinculó a fiscal de Valparaíso. Abogados apuntan a supuesto acarreo de menores para marines en Unitas.
La denuncia que tiene en la mira a funcionarios de la Policía de Investigaciones por presunto acceso a servicios sexuales de menores y nexos con un proxeneta de Valparaíso, alcanzó este jueves a un fiscal de esa región y a la Armada de Chile.
La diputada PPD, Laura Soto, que llegó hoy al Congreso con dos jóvenes que fueron víctimas de la red porteña, dijo que existía una denuncia que no ha avanzado contra un connotado fiscal local por ser otro de los participantes de las fiestas en los prostíbulo de Carlos Parra Ruz, alias el ‘Charly'.
"Hay una situación que a mi me parece inaceptable y es que una de las niñas a vinculado expresamente a un fiscal de esta región. Se ha nominado a una fiscalía especial y tampoco ha pasado absolutamente nada", indicó la legisladora.
Requerido por esta denuncia, el fiscal que indaga los posibles nexos de policías con la red de prostitución infantil, Pablo Avendaño, identificó al colega cuestionado como José Uribe quien, dijo, fue precisamente el que logró el encierro de Carlos Parra.
"El fiscal José Uribe fue quien precisamente investigó, persiguió y condenó a Parra Ruz, incluso sin el testimonio de las víctimas, en un juicio a ocho años de presidio efectivo", indicó.

Menores en Operación Unitas
Otra arista del caso abierto por el reportaje ‘Los ángeles del Charly' del programa Contacto de Canal 13 fue señalada en esta jornada por el abogado Rubén Jerez, representante del ex subcomisario de la PDI, Héctor Guzmán, quien denunció la red.
El jurista estimó que la Armada debió haber sabido, como anfitriona y a través de su servicio de inteligencia Ancla 2, de la supuesta violación de menores que habrían cometido soldados extranjeros en el marco de un ejercicio reciente de la operación Unitas en Valparaíso.
"La Armada y su unidad de inteligencia tuvieron que haber sabido que a lo menos, soldados extranjeros y (en) submarinos extranjeros en Valparaíso se violaban a las menores, y eso es muy grave, porque el país invierte mucho dinero en nuestra defensa y no creo que sólo esté para defender unos metros de mar, o de arena, o tierra", manifestó.
Respecto del mismo antecedente, el abogado Hugo Gutiérrez, destacó que al parecer de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, Ancla 2 encubrió violaciones de menores por parte de militares extranjero en la Unitas de 2007.
"La fundación Paicaví de Protección a Menores en el año 2007 denunció que menores, niñas menores de edad en Valparaíso fueron acarreadas para servicios sexuales para los marines de la operación Unitas", recordó.
En este caso, "llama la atención", dijo, "en qué buses habrían sido acarreadas y la responsabilidad que le cabría a la marina en todos estos hechos (...) tienen que haber sabido de este acarreo masivo de niñas, inclusos menores de edad, para estos servicios sexuales para los marinos de la Operación Unitas".
A propósito del eventual vínculo que alcanza al Ministerio Público, el abogado Jerez dijo que la Fiscalía de Valparaíso "no da garantías" para proteger a las víctimas de los abusos, ya que "prueba de ello, es que una menor frente a la Corte (de Apelaciones) de Valparaíso, acusa a un fiscal de haberla violado y haberle ofrecido $100 mil pesos para que no declarara en contra de él".
En la referida operación Unitas, en que se efectúan ejercicios militares y procedimientos contra el terrorismo, participaron marinos de Chile, Colombia, España y Estados Unidos.
[11 de junio de 2009]
[©la nación]

Detectives Implicados en Comercio Sexual

[Valparaíso] Detectives involucrados en explotación sexual comercial de menores. Los antecedentes que complican a Herrera y Jiménez. Ex jefe de Valparaíso supo de la denuncia contra detectives y no ordenó sumario. También sancionó a subcomisario que indagaba a policías corruptos. El director Arturo Herrera, por su parte, conocía hace tres meses la denuncia. Diputados piden salida de subsecretario de Investigaciones y fiscalía apunta a posible encubrimiento.
Un grupo de mujeres denunciaron a mediados de 2007, en los propios cuarteles de la PDI de Valparaíso, que detectives abusaron de ellas cuando eran menores de edad y que las amenazaron para que no hablaran.
Pero nadie hizo nada. Los detectives mencionados no fueron investigados en un sumario y sólo fueron trasladados desde la Brigada de Delitos Sexuales a la Brigada de Robos, pero se mantuvieron en el puerto.
Eso bien lo sabe el prefecto general Alfredo Jiménez Ogalde, quien a esa fecha era el jefe de la Región Policial de la zona. Hoy es el segundo hombre de la PDI y sobre quien pesan las graves denuncias mostradas el martes por el programa ‘Contacto' de Canal 13.
Todo comenzó el 2007, cuando cayó una red de trata de personas que llevaba mujeres a España para explotarlas sexualmente. El líder Carlos Parra Ruz, alias ‘Charly', fue condenado.
Pero el oficial a cargo de la investigación, subcomisario Héctor Guzmán Godoy, no se quedó ahí. El propio condenado le relató que funcionarios de Investigaciones eran clientes.
Guzmán Godoy volvió a hablar con las mujeres afectadas, quienes confirmaron lo dicho por ‘Charly', pero agregaron otro dato: varias de ellas eran menores de edad cuando esto sucedió.
Como indica la ley, el subcomisario partió, entonces, a notificar estos nuevos hechos al fiscal del Ministerio Público José Uribe Ortega. Así, tomó declaración a María Elena Delgado López y Gloria Valenzuela García. Pero nada sucedió, pese a la gravedad de la denuncia.
Gloria Valenzuela le dijo a la policía y al fiscal que "eran también clientes habituales y que se acostaban con las menores de edad unos funcionarios de Investigaciones. Solamente me recuerdo bien de tres de ellos.
De hecho, yo tuve relaciones sexuales con los tres, tenía 12 o 13 años. Los funcionarios de Investigaciones tenían 30 años aproximadamente". La mujer agregó que los policías también consumían droga.
Asegura que en esos mismos días comenzó a recibir amenazas de muerte tanto del ‘Charly' como de un detective que dijo ser sobrino del proxeneta, motivo por el cual regresó a la cercanías de Osorno, donde vivía su familia, lugar en el que estuvo oculta hasta hace pocas semanas, cuando fue ubicada por periodistas de Canal 13.
Los dichos de Gloria Valenzuela fueron ratificados por María Delgado López, quien trabajaba con el ‘Charly'. Esta mujer es la madre de Sabina Bustos, la menor que también denunció abusos de detectives de la PDI.

Perseguido
El subcomisario Guzmán Godoy dijo en febrero a La Nación que "yo mismo llevé a las mujeres para que estamparan la denuncia en la fiscalía y en la PDI, pero nadie hizo nada. Yo temí por la vida de Gloria, porque no he vuelto a saber de ella".
La denuncia de las mujeres contra funcionarios de Investigaciones fue informada en el cuartel de la calle Uruguay, en el puerto. El domicilio corresponde a la Jefatura de la Región Policial y centro de operaciones de Jiménez Ogalde, cuando éste era la autoridad máxima.
Fuentes policiales informaron que el prefecto general nunca ordenó un sumario ni tampoco llamó al Departamento de Asuntos Internos para que investigara las denuncias. Hasta donde se sabe, tampoco puso en conocimiento al director Arturo Herrera acerca de esta situación.
Guzmán Godoy también se entrevistó con el entonces subdirector operativo, René Castellón (hoy en retiro). Al ex jefe policial le relató los hechos y acusó una persecución por haber denunciado a sus colegas de Valparaíso.
Cuando el entonces subcomisario fue calificado en 2008 en ‘lista 4' (para ser expulsado), como última instancia, apeló al presidente de la Junta de Apelaciones de la PDI: el director institucional, Arturo Herrera.
De la lectura de dicho recurso, al cual este medio tuvo acceso, se comprueba que Herrera tomó conocimiento, al menos, hace tres meses de la misma denuncia contra sus funcionarios. Nadie sabe hasta hoy, si ordenó un sumario o si puso en conocimiento de la justicia dicha información.
Lo que sí se sabe es que el actual fiscal de la causa, Pablo Avendaño, anunció que se investigará si el alto mando de la época pudo cometer el delito de encubrimiento.
El ex subcomisario también acudió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ante esa instancia, el subsecretario de la policía civil Ricardo Navarrete (PR) negó irregularidades. Por ello es que hoy, diputados de ese comité piden su renuncia.
Sergio Aguiló (PS) dijo que "resulta evidente que ha faltado a la verdad, por lo que estimamos que el gobierno debe adoptar las medidas necesarias".
El diputado Fidel Espinoza (PS) fue más allá y pidió que Herrera asuma su responsabilidad, "tomando en cuenta los distintos hechos de corrupción que se han dado a conocer últimamente".
Sin embargo, tras reunirse con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en La Moneda, Herrera se limitó a decir que "voy a esperar hasta poder tener antecedentes y evidencias que demuestren efectivamente que hay un delito para poder darlos de baja de la PDI, tal como ha sido la línea nuestra de tolerancia cero contra este tipo de actuaciones y esperamos que podamos conseguir las evidencias suficientes para darlos de baja".
Rosende, en tanto, advirtió que "si hay funcionarios de la PDI en estos hechos, tienen que ser sancionados de la manera más severa y más ejemplificadora posible".

PDI al Banquillo
Mujeres denunciaron a funcionarios de la PDI de Valparaíso haber sido abusadas cuando eran menores de edad y formaban parte de una red de explotación sexual comercial.
La fiscalía local investiga el posible encubrimiento del ex jefe de policial de la región, y actual segundo hombre de la PDI, Alfredo Jiménez. Éste no habría ordenado sumario y sancionó al subcomisario que investigaba a otros policías implicados.
El director institucional, Arturo Herrera, supo hace tres meses de los hechos. Diputados pidieron la renuncia de subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, y que Herrera asuma responsabilidad.
El gobierno, en tanto, se reunió con el director de la PDI. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que "todos estamos sometidos a la misma ley".

Gobierno: "Gravísimo e intolerable"
Como "gravísimo" e "intolerable" calificó ayer el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma la presunta vinculación de un grupo de detectives de la Policía de Investigaciones con una red de explotación sexual infantil.
El secretario de Estado manifestó que esta denuncia debe ser indagada en profundidad y si se determina que "hay culpables, (éstos) serán severamente sancionados".
Sin embargo, la autoridad pidió "cautela, porque hay muchos problemas internos". Probablemente, en alusión a los últimos escándalos que han afectado a funcionarios de la institución.
En ese sentido, sostuvo que hoy la PDI ha reforzado sus controles internos, pero -dijo- que siempre hay que estar alerta.
Asimismo, expresó que "este tipo de cosas son intolerables (...) verdaderamente hay que aplicar la mano muy muy dura".
En tanto, el ex subsecretario de la cartera, actual diputado PPD Felipe Harboe, también reaccionó ante la denuncia y explicó que -a su juicio- lo más grave es que "un conjunto de niñitas (...) que ejercían la prostitución infantil hicieron una denuncia que nadie acogió o investigó con el celo debido".
También recalcó que resulta "inaceptable que un fiscal encargue o encomiende la diligencia de ubicar a una de las testigos del caso y no la encuentren por uno o dos años y resulta que un programa de televisión la encuentra en un par de semanas. Eso resulta inexplicable".
Por su parte, los miembros de la Comisión de Defensa de la cámara alta senadores Jaime Gazmuri (PS) y Baldo Prokurica (RN) dijeron que era necesaria una investigación a fondo y fuertes sanciones para quienes resulten responsables de los delitos que se indagan.
Consultado por el caso, el fiscal nacional Sabas Chahuán respaldó el trabajo de los investigadores porteños y aunque admitió que "siempre se puede perfeccionar. Creo que lo importante es que hay una investigación, que ha adoptado un curso concreto".
Y, aclaró, que aquí lo que se indaga es a un grupo de personas y no a la institución.
[L. Narváez/ L. Ayala/ A. Chaparro]
[11 de junio de 2009]
[©la nación]