3 Años por Complicidad

[Santiago] Tres años y un día para ayudistas de asesinos del cabo Luis Moyano. Ambos fueron detenidos el 13 de diciembre de 2007, en el marco de la investigación por el asalto al Banco Security, ocurrido el 18 de octubre del año pasado, en el que fue asesinado el efectivo policial.
En juicio abreviado, el 7º Tribunal de Garantía de Santiago condenó a Cristián Godoy Ávila y Áxel Osorio Rivera a tres años y 1 día de cárcel por el delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Ambos fueron detenidos el 13 de diciembre de 2007, en el marco de la investigación por el asalto al Banco Security, ocurrido el 18 de octubre del año pasado, en el que fue asesinado el cabo de Carabineros Luis Moyano.
Tras interceptaciones telefónicas, se comprobó que Osorio y Godoy mantenían contactos con los supuestos autores del atraco.
Al ser detenidos se les encontró armamento y municiones en una mochila, material que aparentemente iba a ser enviado a los prófugos.
[3 de octubre de 2008]
[©la nación]

Dudas sobre Crimen del Cabo Moyano

Juan Aliste, uno de los lautaristas prófugos, habla desde la clandestinidad.
Esta entrevista se gestó semanas después del asalto al Banco Security de Agustinas. Entonces, Juan Aliste, uno de los hombres más buscados de Chile, nos pidió esperar antes de publicarla, confiado en nuestra calidad de periodistas y no de policías. Desde entonces, no volvimos a saber de él. Sus escuetas frases sólo apuntaron a defenderse de las acusaciones: "Yo no estuve en ese banco", aseguró a LND en exclusiva.
Será necesario partir parafraseando al gran Cervantes y decir que esta entrevista se realizó "en un lugar, cuyo nombre no podemos recordar". Aunque fue fruto de ese azar propio del periodismo, también resultó de la necesidad de un hombre que dice buscar contar su verdad, a riesgo de su propia salvaguardia.
Conseguir que Juan Aliste hablara fue una empresa compleja, de "alto riesgo" como repiten los comentaristas deportivos. El encuentro tardó varios días en gestarse y sólo fue posible varias semanas después del asalto al Security. Para entonces no se producía la detención en San Martín de Los Andes, Argentina, de Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, otros dos acusados de participar en el atraco. No recordamos si hacía frío o calor, si era de día o de noche, pero la condición fue una sola: no publicarla de inmediato. El cara a cara fue breve y sólo sirvió para entregar las preguntas que días después fuimos recogiendo como niños en busca de huevitos de Pascua de Resurrección, durante toda una tarde en distintos basureros públicos. Desde entonces no volvimos a saber del entrevistado. Sólo supimos que se perdió raudo por el fondo de una calle, confiado en que cumpliríamos nuestro rol de hacer periodismo y que no lo delataríamos. Es todo lo que podemos decir; el resto, es la versión del hombre más buscado de Chile, a cuya caza se abocan día y noche cerca de un centenar de policías.

"Soy Inocente"
-¿Qué hizo el día del asalto, dónde estaba?
-Ese día me reuní con un amigo, quien me acompañó para ayudarme con una pega que hacía durante esos días en una institución que prefiero no nombrar para no provocarle problemas a quienes trabajan allí, pues ya es suficiente con lo que han molestado a mi familia, durante todo este tiempo, interviniendo sus teléfonos, sacándoles fotografías, acosando incluso a una muchacha con la que tuve un pequeño romance, del que nació un niña. Luego de ese trámite almorzamos en el Mercado Central y me sentí mal del estómago, por lo que decidí irme a mi casa. Yo nunca estuve en ese banco...

-Pero el famoso ‘Danny de Vitto' lo inculpa, según la policía.
-No lo conozco y lamento su situación. Es todo lo que tengo que decir sobre esa persona

¿Conoce a los otros inculpados de asaltar el banco: Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Carlos Gutiérrez?
-Con ellos compartí la prisión política, de manera que los conozco. A Fuentevilla le ubico porque su hermano fue prisionero político. Pero el punto no es ése, pues sean o no mis amigos, para la policía sólo existen los cómplices. El tema aquí es más de fondo. La historia se repite y nada es casual. Nuestras familias y amigos han visto con horror y vergüenza cómo los medios de comunicación, principalmente la televisión y alguna prensa escrita, se alinean bajo un principio sensacionalista y criminalizador, tal como lo hicieron en los peores tiempos de la dictadura, validando la estigmatización de nuestra historia de lucha y rebeldía -que por lo demás sigue vigente-, para involucrarnos y culparnos por este hecho, atropellando y dejando fuera todo principio de verosimilitud. Todo es una persecución, un montaje. Se instaló el tema en el escenario nacional, de tal modo que aparecimos culpables antes de toda investigación. Con ello se violó el principio de inocencia y también el Estado de Derecho que tanto dicen defender, pues, en nuestro caso, se anularon todas las garantías para que éste opere. Todo eso es por lo que nosotros representamos.

-¿Está asegurando entonces que es inocente?
-Sí, soy inocente. Fui prisionero político de esta ‘democracia', al igual que los otros hermanos perseguidos. La pregunta es despejar a quién favorece esta forma de construir mediáticamente el asalto al banco y la muerte de un paco. De ahí en adelante, el paso siguiente y más fácil para la policía fue cerrar el círculo en un grupo de luchadores sociales, ex prisioneros, combatientes populares, implementando toda una maquinaria mediática, sin importar los costos de vida que implica para nosotros: los acusados. Ya quisiéramos el mismo ímpetu del Estado para resolver la muerte de 10 niños calcinados en una prisión bajo el resguardo y alero del Estado Chileno (Sename de Puerto Montt), o la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo, asesinado por defender su tierra.

La Huida
-¿Cuándo y por qué decide huir, si pudo alegar inocencia a través de un buen abogado?
-Nosotros no somos como aquel profeta de Pomaire (Jorge Bravo), que aparecemos destrozados junto a nuestra familia, alegando inocencia. Poseemos una historia de lucha que seguimos reivindicando, pese a todo. Pero eso acarrea un estigma legal que da cuenta, a todas luces, que falta mucho para que la bullada ‘reconciliación' tome cuerpo. "El que nada hace, nada teme", no funciona, no corre para nosotros que luchamos contra la dictadura y contra este modelo de injusticias...

-¿En algún momento notó que lo seguían?
-Hasta el viernes 2 de noviembre salí de mi casa en la mañana, alrededor de las 07:30 con destino a mi trabajo. Previo a ello pasé por el Patronato de Reos para cumplir con la exigencia de firmar una vez a la semana, pues hasta ese momento gozaba de libertad condicional y no fui indultado, como se pretendió hacer creer en medio del vómito de acusaciones que surgieron luego del hecho. En dicho lugar me di cuenta de que ocurrían situaciones totalmente ajenas a la cotidianeidad del trámite, el que realicé sistemáticamente varios años.

-¿Y antes no sospechó nada? ¿No vio situaciones extrañas, como la que ocurrió ese día de la firma?
-Yo estaba al tanto de lo ocurrido a través de la prensa y de que se instalaba en la coyuntura nacional una situación de inseguridad, producto de un asalto a una sucursal bancaria y la posterior muerte de un funcionario de Carabineros. Frente a este escenario tomé la decisión, basado en anteriores experiencias similares, de no ingresar a firmar

-¿A qué se refieres con experiencias similares?
-Tomé la decisión de clandestinizarme basado en la experiencia de un hecho anterior, cuando fui acusado de un atraco (Banco Santander de Ñuñoa en 2003). Esa vez se basaron en fotografías tomadas por policías civiles, mientras yo estaba en la universidad (Arcis, donde estudiaba periodismo). En esas fotos un compañero de curso me pasó un equipo fotográfico y ellos dijeron que se trataba de armamento. Si te fijas, son similares características, y eso me significó un período de ocho meses de encarcelamiento injusto, pues quedó demostrado judicialmente mi completa inocencia de todos los cargos imputados y orquestados por la prensa de aquel entonces. Por esos hechos nadie ofreció disculpa alguna y mucho menos reparación para mí ni a mi familia.

-¿Y por qué lo inculpan?
-Entiendo que no soy un ciudadano intachable ante los ojos de esta sociedad. Como el resto de los compañeros que estuvieron en prisión y los que hoy son perseguidos, he debido asumir que soy un subversivo, que milité en una organización revolucionaria, y asumir con orgullo la responsabilidad de una opción y accionar que significó 12 años de prisión efectiva y el posterior control semanal de firmas. Ese procedimiento, por lo demás, estaba a cargo de un equipo multidisciplinario que constantemente chequeaba y corroboraba información relacionada con la totalidad de nuestras vidas y quehacer diario: dónde y con quién vivo; horarios de estudio y trabajo, situación económica familiar, entre otros aspectos. Todo eso forma parte de una política concreta y funciona respaldada por documentos y acciones que constan en la institución (Gendarmería) destinada a prestar apoyo en todo aquello que permita afianzar el complejo proceso de reinserción social.

-Pero usted ya había pagado con cárcel esa opción. ¿Por qué cree que lo persiguen?
-Esa es la pregunta que un poblador y la gente en general deben estar haciéndose. Vivimos en un supuesto Estado de Derecho donde los personajes se repiten y conforman cuadros inquisidores. Ahí tienes lo que ocurre con muchos compañeros de prisión política que hoy son requeridos por la justicia militar, que no se les reconoce los años de encarcelamiento, como ocurre con Flora Pavez o Pablo Contreras, por ejemplo (ex militantes Lautaro). En nuestro caso, se valen de un fiscal militar como (Roberto) Reveco, el mismo que no hizo justicia en el asesinato de los hermanos Vergara Toledo, para juzgar e incomunicar a civiles con las mismas prácticas y atribuciones del pasado. Y de una policía vestida de OS-9 o Dipolcar, que detuvo, incomunicó y torturó a principios de los '90; que utilizó supuestos delatores, que como ocurrió con nosotros luego de octubre, se dio el trabajo de calzar imágenes de video casi con ‘forcep', con fotos del Registro Civil de nuestras cédulas de identidad difundidas como en el viejo oeste; que todos estos meses le ha estado escupiendo en la oreja al fiscal (Andrés) Montes, lo que debe y no debe hacer para parecer efectivo, usando como chivo expiatorio a compañeros que vivieron la prisión política, como ocurre con Axel Osorio (uno de los tres acusados de ayudistas en el caso del atraco al Banco Security".

-¿Está dispuesto a entregase si se dan las condiciones que reclama?
-¡Por ningún motivo! Todo este escenario, todo este montaje da cuenta de la imposibilidad de contar con un juicio justo, apegado a derecho, que permita establecer la realidad de fondo y no una pasada de cuenta que, incluso, legitima no sólo la prisión para los luchadores, sino además, la muerte, que creemos será el fin de esta persecución política que intenta acabar con nuestro pasado y presente subversivo, con quienes fuimos y somos protagonistas de esos procesos históricos.
[Marcelo Garay Vergara]
[24 de marzo de 2008]
[©la nación]

Asesinos de Cabo Dicen Que Son Políticos

[Santiago] Ex lautarista detenido por caso Moyano: "Somos combatientes populares, no somos delincuentes".
Los detenidos están siendo interrogados en el Juzgado Penal de Junín de Los Andes. En la audiencia han pedido asilo político a Argentina, luego de acusar "persecución política" en su contra.
Los tres chilenos detenidos en Argentina, dos de ellos acusados de participar en el homicidio del cabo Luis Moyano, son sometidos a interrogatorios por el juez Federico Sommer en el Juzgado Penal de Junín de Los Andes.
En esta instancia se decidirá si se les sigue proceso en Argentina o son deportados a Chile en forma inmediata. Sommer tendrá 10 días seguidos para analizar la situación de Marcelo Villarroel (ex militante del Movimiento Lautaro), Freddy Fuentevilla (ex miembro del MIR) y el universitario David Eduardo Cid Aedo, acusado de encubridor y quien ya prestó declaraciones frente al fiscal.
En tanto, los chilenos han indicado en el dia de hoy, durante las declaraciones, que quieren asilo político en Argentina, ya que según dijeron, son perseguidos por la justicia militar chilena.
Marcelo Villarroel indicó durante su testimonio que "hoy día estamos siendo perseguidos políticamente en Chile. Somos combatientes populares, no somos delincuentes".
En tanto, el capitán de la 23º Comisaría de San Martín de los Andes, José Luis Campos, indicó que los chilenos realizaron un manifiesto verbal ante el personal que estuvo en el procedimiento y "presentaron un escrito ante el juez para obtener asilo político", petición que respondería a los tres individuos.
"No sabemos bien la trayectoria anterior de ellos, pero debido a su apariencia física, sus rostros demacrados y demás circunstancias que presentan, aparentemente habrían dormido pocas horas y no haber dormido bien. Eso podría denotar una situación de esas (haber cruzado caminando por varios días la cordillera). Pero no lo sabemos con exactitud", informó el capitán.
Campos indicó además que "no se ha podido establecer que hayan estado viviendo en nuestro país" y no han tomado contacto con familiares ni abogados.
Los sujetos fueron detenidos en un pub en San Martín de Los Andes, lugar en donde protagonizaron una gresca, al amenazar con un arma a uno de los guardias, quien no los dejó pasar al verlos borrachos.
El altercado ocurrió cerca de las 2.30 del sábado, en el pub Down Town Matías. Villarroel y Fuentevilla llegaron hasta el lugar nocturno junto al estudiante universitario chileno David Eduardo Cid Aedo. Los tres intentaron ingresar al lugar, pero cuando uno de los guardias de seguridad les prohibió el paso esto motivó la furia de los ex subversivos, que comenzaron a increpar al personal del recinto.
En ese momento, Freddy Fuentevilla extrajo desde sus vestimentas una pistola calibre nueve milímetros, lo que motivó que los guardias se les abalanzaran y los redujeran. Los empleados llamaron a la policía de la ciudad -cuyo cuartel está a pocas cuadras- y detuvieron a los ex prófugos, que estaban tendidos boca abajo en la calle. Los policías, tras revisar la ropa de los ex subversivos, se dieron cuenta de que Villarroel también estaba armado con un revólver calibre 45.
Una vez en el cuartel policial, Fuentevilla dijo llamarse Juan Saavedra Salinas. Villarroel, por su parte, indicó que su nombre era Claudio Garrido Sepúlveda y Cid dijo que era Miguel Angel Prieto Chávez. Este último era único que andaba con algún tipo de identificación: un pase escolar adulterado.
Los policías transandinos se dieron cuenta de que las identidades no correspondían, por lo que se comunicaron con las autoridades chilenas. Un equipo de Investigaciones viajó hasta la 23 Comisaría de la Policía Provincial de Los Andes y les tomaron las huellas dactilares. La pericia arrojó que se trataba de los ex prófugos.
[Freddy Palomera y Alejandro Rosales]
[18 de marzo de 2008]
[©la tercera]

En Argentina Caen Asaltantes

[Argentina] E implicados en muerte de cabo Moyano.
Al momento de su captura, los sujetos no habrían entregado su identidad original.
Bajo los cargos de porte ilegal de armas, Gendarmería de Argentina detuvo, en la localidad de San Martín de Los Andes, a tres chilenos, dentro de los que estarían Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, ambos involucrados en la muerte del cabo de Carabineros Luis Moyano, en octubre de 2007.
De acuerdo a lo entregado por Radio Bío Bío, los antisociales que participaron en el atraco al Banco Security, en momentos en que fueron detenidos, a eso de las 19.00 horas, rehusaron a entregar su identidad original.
Esto coincidiría con las declaraciones entregadas por el general director de Carabineros, José Alejandro Bernales, a principios de mes, cuando indicó que pediría a la fiscalía militar que oficiara "en los próximos días" a Interpol para dar con el paradero de uno de los asesinos del cabo Moyano, ya que estaría en el exterior.
"El ente que puede empezar a buscarlo es Interpol y se lo vamos a pedir a la fiscalía militar que haga todos los contactos, todos, y oficie a Interpol para que también ayude en esta búsqueda", dijo el general Bernales a radio ADN.
[17 de marzo de 2008]
[©la tercera]

Fugas y Sospechas

Los datos que hacen crisis en casos Lapostol, Banco Security y Quiroz. Sospechas que dejan fugas.
El asesinato de María Soledad Lapostol, el asalto al Banco Security y la huida del coronel de Carabineros y ex agente CNI Iván Quiroz. ¿Qué podrían tener en común los casos policiales más relevantes del último tiempo, aparte de sangre, muertos y balazos? Que todos los presuntos autores de los crímenes están libres y son los prófugos más buscados por el sistema policial.

Las Movidas de Quiroz
Durante las últimas dos semanas, las policías han estado de cabeza intentando resolver el homicidio de la ejecutiva financiera María Soledad Lapostol Luco, ocurrido el 20 de diciembre último. Hay un presunto autor del crimen, Luis Andrés Araya Galaz, que está plenamente identificado, aunque aún no ha sido detenido.
Sobre lo que todavía existen dudas es acerca de las motivaciones que habría tenido el supuesto homicida. Araya Galaz, hasta donde se sabe, engañó a la mujer pretendiendo comprar un vehículo, el mismo método que había usado en al menos diez atracos anteriores, que lo llevaron a purgar casi nueve años de cárcel. Esta vez aprovechó que Lapostol había puesto avisos en diarios e internet para vender un todo terreno Mitsubishi, propiedad de un vecino que se encontraba fuera del país.
De allí que concertó una cita con la mujer y le pidió probar el automóvil por las calles de Santiago. Sorpresivamente, la empleada del Banco Penta se vio amenazada con un arma de fuego y terminó en la cajuela de la misma camioneta, maniatada y con cuatro balazos en la cabeza.
Según antecedentes recogidos por LND, los fiscales a cargo del caso, Jorge Reyes y Rodrigo de la Barra, tienen prácticamente la certeza de que se trató de un delito común. La cantidad de pruebas que refrendan la participación de Araya Galaz es tan abrumadora como sorprendente, y precisamente eso no ha dejado de llamar la atención. En el auto, por ejemplo, se encontró ropa ensangrentada de un hombre muestras con células epiteliales que permiten hacer identificaciones de ADN , el arma utilizada para el crimen y, como si aún fuera poco, un pequeño bolso con lápices y una tarjeta memory stick borrada, la que, tras algunas pericias, permitió descubrir fotografías de las hijas de Araya.

Asunto de Familia
La inusual abundancia de pruebas, junto con otros elementos, ha hecho que los dos fiscales mantengan aún en pie al menos una tesis alternativa sobre las motivaciones del crimen: un ajuste de cuentas o un crimen por encargo.
En fuentes allegadas a las familias León Lapostol marido e hijos y Lapostol Luco padres reconocen una división entre los familiares. En los últimos días, el viudo de María Soledad, Alfredo León, comenzó a sondear entre varios abogados la posibilidad de presentar una querella por el crimen. Entre los consultados estuvo el poderoso estudio jurídico de Juan Enrique Puga y Luis Ortiz Quiroga, aunque hasta el viernes no se definía cuál sería el camino a seguir.
Por otro lado, la familia paterna de María Soledad Lapostol, decidida a presentar una acción propia contra los responsables del homicidio, también comenzó a evaluar la contratación de abogados, barajando nombres como los de Francisco Cox ex integrante del estudio de Luis Hermosilla y Matías Balmaceda ex abogado de Jorge Lavandero.
Tanto los fiscales como la familia han descartado la existencia de antecedentes que confirmen animadversión explícita o amenazas en contra de los León Lapostol. Pero todos están conscientes de que una parte de la familia Lapostol Luco ha estado vinculada a hechos criminales significativos.
Un tío de la mujer, el general de la Fuerza Aérea Enrique Ruiz Bunger, fue durante la dictadura jefe del siniestro Comando Conjunto, mientras el primo de la víctima, Enrique Ruiz Luco, ha estado involucrado en estafas y fraudes aduaneros. Además, fue mencionado en la investigación por el crimen del abogado Rolando Coloma, asesinado en 2002 con un arma del mismo calibre (7,65 mm) con que fue ultimada María Soledad Lapostol. Ese mismo caso habría sido, también, el móvil de un robo en el edificio de los tribunales, en Compañía con Morandé, caso que es investigado por la ministra en visita Amanda Valdovinos.
A la espera de que se entreguen los informes del Servicio Médico Legal, fuentes ligadas a la investigación señalaron a LND que tanto fiscales como familiares están impactados por el ensañamiento que evidenciaba el cuerpo de María Soledad. Trascendió que presenta muestras de haber sido golpeada brutalmente, y en varias oportunidades, con un elemento contundente. Es posible, además, que el homicida haya intentado asfixiar a la mujer antes de usar el arma, y que, cuando se disponía a dispararle el quinto balazo, el arma se haya trabado.
La violencia utilizada en el homicidio tampoco concuerda con los antecedentes criminales de Araya Galaz, quien no mostró la misma brutalidad en los robos que perpetró antes de ser condenado, en 1998. Fuentes de Gendarmería señalan que los informes internos que se realizaron a Araya cuando éste postuló a beneficios, tampoco advirtieron sobre alguna peligrosidad, lo que llevó a concluir que su proceso de rehabilitación estaba completo.
Los últimos trascendidos policiales indican que Araya Galaz estaría oculto en la misma vivienda en que se escondió cuando la policía anunció públicamente que estaba tras sus pasos. Y las mismas fuentes sostienen también que el sospechoso no se entregará, ya que sabe que la condena que le espera por este crimen es de presidio perpetuo efectivo, es decir, 40 años sin beneficios.

En Espera
Policías, fiscales y el Gobierno esperan que el presunto autor de este crimen sea capturado con rapidez. Aunque en un comienzo fue el OS-9 de Carabineros el que tuvo la orden exclusiva de investigar el caso, hace pocos días también se incorporó a la cacería la Policía de Investigaciones.
Como en ocasiones anteriores, la demora en la detención de prófugos de la justicia, siempre ha acarreado la competencia simultánea de ambas policías. LND confirmó que una buena parte del equipo que trabaja en el crimen de Lapostol Luco también está investigando el robo con homicidio en una sucursal del Banco Security en el centro de Santiago, el 18 de octubre. Aunque los presuntos autores del atraco que le costó la vida al cabo de Carabineros Luis Moyano, muerto de dos balazos fueron identificados como Juan Aliste, Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Carlos Gutiérrez, 80 días después del hecho tampoco han sido capturados.
El fiscal militar Roberto Reveco, a cargo del caso, confirmó que, además del encargo inicial a Carabineros, también se entregó una orden de búsqueda y detención de los cuatro sujetos a Investigaciones.
En fuentes de la justicia castrense están convencidos de que la demora en la captura de los prófugos se debe a que éstos cuentan con una amplia red de protección, y que tanto ellos como sus familiares tienen experiencia en este tipo de situaciones. De hecho, Carabineros detuvo el viernes a un número indeterminado de personas como presuntos encubridores de Carlos Gutiérrez Quiduleo. "Esto demuestra que hay un entorno que los protege y eso dificulta las tareas de búsqueda. Son personas que han cometido delitos y que han sido buscadas por la policía, así que saben cómo desenvolverse, la familia también", señaló Reveco a LND.
Hasta ahora, el fiscal militar no ha ampliado la orden entregada a la policía civil, centrándola sólo en la detención de los prófugos. El motivo, señala, es que "las indagaciones están bien hechas y no se justifica duplicar una investigación". Sin embargo, hasta ahora tampoco se han obtenido datos concretos que indiquen el paradero de los sujetos, y otras fuentes ligadas al caso creen que, tal como ocurrió con frentistas que se fugaron en 1996, los subversivos podrían haber salido del país clandestinamente.

Duro de Atrapar
Otro caso de prófugos ilustres que tiene de cabeza a las policías es el del teniente coronel (R) de Carabineros Iván Belarmino Quiroz Ruiz. El también ex agente de la CNI tiene complicado al alto mando de Investigaciones, encabezado por Arturo Herrera, al punto que la recientemente creada Jefatura de Derechos Humanos de la policía civil ha puesto su captura como uno de los principales objetivos.
A los detectives les pesa el haber recibido críticas del propio ministro en visita que condenó al ex carabinero, Mario Carroza, el que prefirió entregar también una orden de captura al OS-9 de la policía uniformada.
"El capitán Velasco", como le decían sus compañeros en el organismo represor, decidió evadir la justicia luego de que se hiciera efectiva una condena en su contra de diez años por los crímenes de 12 frentistas en la llamada Operación Albania. A esto se sumó que el 29 de diciembre pasado, cuando ya llevaba varios meses huyendo, se le agregó otra condena, a otros 13 años de cárcel, por los crímenes de Gastón Vidaurrázaga, Felipe Rivera, Abraham Muskatblit y el periodista José Carrasco, perpetrados entre el 7 y 8 de septiembre de 1987.
Originalmente, el ministro Carroza había elegido para la tarea al experimentado prefecto Mario Zelada, quien ha investigado la mayoría de los casos de la CNI, donde Quiroz desarrolló gran parte de su carrera criminal. Sin embargo, en los mismos momentos en que el ministro a cargo de la causa críticaba la falta de resultados del trabajo policial, al interior de la policía civil se vivía un tenso clima debido a la pugna entre el director Herrera y el entonces prefecto de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, Rafael Castillo. Fuentes de la institución señalan incluso que la cercana relación de Castillo con Zelada trabajaron juntos durante gran parte de sus carreras hizo que el grupo de este último careciera de los medios adecuados para trabajar, por lo que en más de una ocasión Quiroz se les escapó por un pelo.
Con la salida de Castillo del alto mando, hace un mes, la orgánica interna de DDHH de Investigaciones fue modificada, y se creó la Jefatura Nacional de Derechos Humanos, a cargo del prefecto José Cabión.
Este último, de confianza de Herrera, relevó del mando a Zelada y puso en su reemplazo al subprefecto Juan Astorga, quien proviene de la Inspectoría y no tiene experiencia reciente en casos similares. "Después de dos meses desde que recibí el caso me di cuenta de que era muy poco lo que se había avanzado, razón por la cual creé otro grupo, incluyendo a la misma gente que estaba, pero un grupo multidisciplinario", explicó a LND el prefecto Cabión. A este equipo destinó a personal de la Brigada de Ubicación de Personas y de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado. "Además, se eligió a Astorga como jefe operativo debido a que ya había trabajado antes en derechos humanos, en el Departamento Quinto", señala Cabión, admitiendo, sin embargo, que hoy no hay ninguna línea de análisis que sea considerada como fundamental en el intento de dar con Quiroz.
Respecto de la posibilidad de crear grupos especiales de detención de militares en situación en rebeldía, sobre todo teniendo en cuenta los casos de Lautaro Castro, Raúl Iturriaga y el mismo Quiroz y las nuevas condenas que vienen , el nuevo jefe nacional de DDHH de la policía civil no descartó la creación de un grupo permanente de ubicación de personas. "No se puede hacer más. Porque yo no puedo dar consejos a los ministros sobre cómo dictar las órdenes de detención para los condenados y así evitar estas fugas. Lo que sí se puede efectuar es un trabajo coordinado con ellos", destaca Cabión, al tiempo que descarta aplicar medidas preventivas como seguimientos, debido a que en Chile éstos son ilegales.
Los tres casos mencionados (Lapostol, Banco Security y Quiroz) tienen a sus protagonistas prófugos, unos con más tiempos que otros y en ambos, las dos policías pugnan por atraparlos. Sin ir más lejos, trascendió que hace algunos días, en Lampa, la intromisión de Carabineros frustró un operativo de Investigaciones que estaba tras los pasos del presunto asesino de María Soledad Lapostol.
[Luis Narváez y Javier Rebolledo]
[6 de enero de 2008]
[©la nación]

Arresto para Encubridor de Asalto

[Santiago] Corte de Apelaciones ordena arresto de encubridor de asalto al banco Security.
Axel Osorio Rivera será formalizado por los delitos de robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas.
Axel Osorio había sido dejado en libertad, aunque tenía anotaciones por asociación ilícita terrorista.
En el curso de las próximas horas debe concretarse el arresto de Axel Osorio Rivera, alias ‘el Axel' (36), luego que la Corte de Apelaciones de Santiago, en votación unánime, acogiera la tesis del Ministerio Publico en cuanto a que el imputado tuvo una responsabilidad directa en el encubrimiento de los responsables del asalto al banco Security, acontecido el 18 de octubre pasado, y donde paralelamente fue asesinado el cabo segundo Luis Moyano en pleno centro de la capital.
De acuerdo a lo informado por el fiscal del área Centro Norte, Andrés Montes, ya se despacharon las órdenes pertinentes a la policía para su pronta captura, luego del respaldo que dio el tribunal de alzada capitalino a las indagatorias de la causa.
Una vez que Osorio sea apresado, será formalizado por los delitos de robo con intimidación e infracción a la Ley de Armas, los mismos cargos que enfrentan desde el 13 de diciembre pasado Carlos Sepúlveda Véliz (37) y Cristián Godoy Ávila (36), a quienes la Fiscalía Regional responsabiliza de ser parte de la banda integrada por los ex lautaristas responsables del atraco: Manuel Aliste Vega, Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Carlos Gutiérrez Quiduleo.
En la audiencia de mediados de mes sólo Sepúlveda y Godoy quedaron recluidos, dejando el Séptimo Juzgado de Garantía en libertad a Osorio, pese a que presentaba anotaciones por asociación ilícita terrorista.
En la captura del trío, Carabineros incautó una subametralladora y un revólver que habrían sido usados en el atraco por Carlos Gutiérrez, uno de los cuatro autores materiales del asalto y del crimen.
La decisión del tribunal fue apelada por el fiscal Alfredo Cabrera, considerando que hay diligencias pendientes y que Osorio constituye un peligro para la sociedad.
En la formalización se conoció que los dos inculpados portaban, al momento de ser detenidos en la estación del Metro La Cisterna (paradero 25 de la Gran Avenida), una mochila con una subametralladora, un revólver marca Taurus, municiones y dos millones de pesos, dinero que correspondería al botín logrado en el atraco a la sucursal bancaria del centro de Santiago.
Preliminarmente, en base a escuchas telefónicas, se posibilitó determinar el nexo que hay entre Sepúlveda y Godoy con Carlos Gutiérrez Quiduleo, uno de los extremistas evadidos.
De acuerdo a las interceptaciones, Gutiérrez Quiduleo solicitó a ambos encubridores el ocultamiento de armas y sus posteriores entregas, pues aduce que son sus herramientas de trabajo y que las necesita en el sur. Según las pesquisas de inteligencia policial, se encontraría en la zona mapuche de Malleco, Novena Región.
De acuerdo a la fiscalía, las pericias fotográficas al revólver encontrado anoche es el arma utilizada por Jorge Bravo Jérez, conocido por su apodo de ‘Danny de Vitto' y quien fue capturado a las pocas horas de ocurrido el asalto en la céntrica sucursal bancaria.
[26 de diciembre de 2007]
[©la tercera]