[Iquique] El crudo relato entregado ayer por el fiscal del Ministerio Público, Enrique Rodríguez, durante la audiencia de control de detención contra un imputado acusado de abuso sexual, no dejó indiferente a nadie de los asistentes.
La frialdad con la que actuó Rubén Miranda Alfaro de 26 años, durante tres meses contra una menor de dos años identificada como F.V.A, acreditaron la complejidad del delito y con ello la lucha incansable del Ministerio Público por dejarlo en prisión preventiva.
El principal responsables de los abusos fue detenido ayer en horas de la mañana, en virtud de una orden judicial emanada por el magistrado del tribunal de garantía hacia la Policía de Investigaciones. De esta forma, personal de la brigada de Delitos Sexuales se dirigió hasta el departamento B de la población Quintas III, para capturar a Miranda Alfaro, quien quedó en calidad de detenido en el cuartel de la policía civil.
Tras una investigación iniciada en octubre del 2006, gracias a la denuncia oportuna efectuada por Luis Valenzuela Alarcón, abuelo de la víctima, se comprobó mediante diversos exámenes, efectuados a la menor, que el imputado en reiteradas oportunidades la sometió a tocaciones obscenas en sus partes íntimas.
Incluso, en un análisis de orina efectuado el 13 de marzo por la médico legista, Valentina Suazo, se constató la presencia de clorhidrato de cocaína en el organismo de la pequeña.
Esto acreditó que el imputado drogaba a la hija de su pareja para posteriormente cometer los actos ilícitos, hechos que por más de dos meses estuvieron ocultos y sólo pudieron salir a la luz, gracias a la denuncia que realizó la pequeña a su abuelo.
Cabe recordar que la tutela de J.V.A la mantienen sus abuelos, puesto que el tribunal de familia, negó la tuición de la menor a la madre por falta de preocupación.
Con los antecedentes entregados por el fiscal y argumentando que el imputado presenta un serio peligro para la seguridad de la sociedad, es que solicitó su prisión preventiva por el delito de abuso sexual infantil.
Acogida la medida impuesta por el acusador, el magistrado de la sala Ricardo Leyton, decretó el ingreso al complejo penitenciario de Alto Hospicio por el plazo de 80 días que tendrá que durar la investigación.
[30 de mayo de 2007]
[©diario 21]
30 mayo 2007
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