27 noviembre 2007

cuatro asaltantes, uno preso

[Punta Arenas] Víctimas dos estudiantes de 17 años. En prisión quedó uno de los cuatro asaltantes de menores. Preso quedó uno de los cuatro individuos que ayer, faltando quince minutos para las una de la mañana, asaltaron en la vía pública a dos estudiantes de 17 años de edad.
Las víctimas habían estado en un evento social, en calle Mardones, tras lo cual acompañaron a dos amigas a subirse al colectivo, en la Avenida Bulnes. Una vez cumplido el objetivo se toparon en el regreso con cuatro sujetos, uno de 13 años de edad; otro de 17 años, estudiante del Liceo María Behety; un tercero de 15 años, que no registra actividad ni estudios; más un cuarto, de 18 años, identificado como Claudio Bustamante Hidalgo, quienes encerraron a sus víctimas en una suerte de semi círculo, con la intención de robarles.
El fiscal a cargo de la investigación, Juan Agustín Meléndez, formalizó al mediodía de ayer a tres de los cuatro por el delito de robo con intimidación.
En la audiencia dijo que bajo amenazas e intimidación, utilizando para ello una cortaplumas, el grupo cometió el asalto. Con expresiones como, "los vamos a cagar sino lo hacen" y "los cortaremos sino nos entregan lo que llevan", el fiscal dijo que los menores fueron conminados a despojarse de lo que tenían que, en dinero no era mucho. Revisaron las vestimentas de sus víctimas, apropiándose de dos teléfonos celulares, una cajetilla de cigarros, algunas monedas, tras lo cual se dieron a la fuga.
Pero nuevamente, fue una llamada oportuna al 133 de Carabineros lo que permitió que una patrulla llegara en cosa de minutos al lugar y, de paso, detener al cuarteto. Uno de los cuales, por ser menor de 14 años, fue entregado a sus padres.
Los otros tres debieron comparecer ante el juez Pablo Miño, defendidos por los abogados Juan Carlos Rebolledo y Guillermo Ibacache.
El magistrado acogió la prisión preventiva solamente para el mayor de edad. Mientras que los otros dos menores quedaron con medidas cautelares, como firma cada 15 días en la fiscalía, prohibición de acercarse a las víctimas, arraigo regional y control de la Fundación Esperanza.
Un plazo de 90 días se fijó para el cierre de la investigación judicial.
[27 de noviembre de 2007]
prensa austral]

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