24 noviembre 2007

a la cárcel asaltantes de alumnas

[Punta Arenas] Estudiantes sufrieron atraco en avenida Bulnes. A la cárcel enviaron a asaltantes de alumnas. Acusados son afuerinos y su libertad fue considerada un peligro para la seguridad de la sociedad.
Oriundos de las comunas de Recoleta y Río Bueno son los dos sujetos enviados ayer a prisión, por su participación en el asalto a dos estudiantes del Colegio Miguel de Cervantes, en la tarde del jueves.
Edgardo Rosamel Oyarzo y José Luis Faúndez Valenzuela, ambos sin ocupación, con registro de trabajos esporádicos y sin domicilio conocido, pasaron ayer a audiencia de control de detención, oportunidad en que el fiscal Eugenio Campos los formalizó por robo con intimidación. Un delito cuya pena parte en los 5 años de cárcel.
Campos expuso que ese jueves, los antisociales asaltaron e intimidaron a dos menores de edad, cuando ambas caminaban rumbo a su casa por el bandejón central de la Avenida Bulnes. Fue a la altura de calle El Ovejero cuando fueron interceptadas por la espalda. Oyarzo tomó a una de las niñas, registró sus ropas en busca de pertenencias, sustrayéndole un celular. A la otra menor la intimidaron con un cuchillo, robándole una máquina fotográfica, un banano, un bolso y una mochila.
La traumática experiencia de ambas pudo ser mucho peor, de no mediar la oportuna intervención de un testigo que vio el desarrollo de los hechos y se comunicó inmediatamente al fono 133 de Carabineros. Esto permitió a la policía desplegar un amplio operativo, entre vehículos y motos, que dio como resultado la captura casi inmediata de los delincuentes, y la incautación del arma blanca utilizada en el atraco.
El llamado oportuno, y antecedentes que aportó a la investigación el testigo de los hechos, lo destacó y agradeció el fiscal en la audiencia.
Las menores reconocieron a sus asaltantes. Una declaró al fiscal que "fue el sujeto que llevaba puesta una camiseta de la U el que me puso el cuchillo en el cuello".
Los antecedentes y declaraciones que aportó Campos Lucero en contra de los dos sujetos, fueron suficientes para que el juez Pablo Miño decretara la prisión preventiva, bajo el argumento de que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. Medida a la que no se opuso el abogado defensor, Guillermo Ibacache.
[24 de noviembre de 2007]
prensa austral]

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