07 noviembre 2007

lo mató por lío de tierras

[Los Ángeles] Declaran culpable a agricultor que asesinó a vecino. Víctima y victimario mantenían conflicto por límites de tierra.
Sentencia que deberá cumplir el imputado, quien acabó con la vida de su oponente con un certero disparo de escopeta, será informada por el tribunal oral angelino el próximo sábado.
Uno de los testigos que prestó declaración durante la primera de las dos jornadas del juicio contra Manuel Jesús Cea Viveros, aseguró que éste no sólo amenazó de muerte a Claudio Benito Castro Parra, a quien finalmente asesinó el 6 de octubre del año pasado. De acuerdo a su versión, otros individuos e incluso el padre del fallecido habían sido objeto de sus radicales advertencias. Era, en su parecer, lo que en lenguaje cotidiano se conoce como un tipo "pendenciero".
En el caso de la reyerta con los Castro Parra, el motivo era una prolongada disputa sostenida por los límites de los terrenos que poseen en el sector de Choroico, en la precordillera nacimentana.
"El problema era por las líneas de la propiedad. Varias veces, el Jesús había dicho que mataría al Claudio o al papá, hasta que se salió con la suya", relató el declarante.
No existía acuerdo sobre dónde comenzaban y dónde culminaban las fronteras de los terrenos colindantes, pero Cea Viveros, simplemente, se cansó de discutirlo.

Mañana Fatal
Según sus propios dichos, esa mañana del 6 de octubre de 2006, encontró a su adversario cortando un árbol de hualle, en el espacio que él entendía como parte de su propiedad. La víctima pretendía colocar allí unas estacas para marcar la división.
No hubo mucho alegato en esa oportunidad pues el victimario, que solía portar una escopeta calibre 28 al cinto, tomó el arma y apuntó a Castro Parra. El occiso lo habría desafiado a que le disparara, y éste lo hizo sin dudar, desde unos 15 metros y una sola vez, aseguró. Fue suficiente para acabar con la vida de su oponente.
A partir de lo indicado por el perito balístico, efectivamente hubo un sólo tiro, y se pudo establecer que éste fue efectuado a unos diez metros.
El especialista explicó que este tipo de arma, a esa distancia, es de "alto poder de fuego". Cada cartucho contiene unos 100 perdigones, y sólo 10 de estos elementos bastan para matar a una persona, indicó.
El imputado narró que tras concretar su acto escapó del sitio del suceso, dejando abandonada a su víctima, quien murió a raíz de un "traumatismo toráxico abdominal complicado, provocado por un disparo de escopeta".
A este respecto, el perito forense que practicó la autopsia, sostuvo que el cadáver presentaba varias lesiones en la región anterior del tórax y el abdomen, las cuales perforaron el corazón, ambos pulmones y el hígado. Se le produjo una hemorragia general y un cuadro de asfixia demasiado complejo, que sólo habría podido ser revertido por una intervención médica muy rápida y además, especializada.
El galeno graficó el nivel de las heridas, señalando que sólo en el corazón, pudo constatar la presencia de cuatro impactos de proyectil.

Homicidio Simple o Calificado
Frente a este caso, y considerando la evidencia de los hechos, reconocidos por su propio autor, la discusión se basó en determinar si se trató de un homicidio simple o calificado.
El Ministerio Público y la defensa se inclinaron por la primera postura, no así el abogado querellante de la familia de Castro Parra –Jaime Zegpi-, que pedía que el imputado fuera condenado por homicidio calificado.
El tribunal acogió esta última tesis y es muy probable que el trío de magistrados compuesto por Pamela Pino, Marcela Norris y Pablo Freire acepten también las atenuantes de responsabilidad penal argumentadas por la defensa, una de ellas –la irreprochable conducta anterior- reconocida por la propia fiscalía.
Además de esta circunstancia, el abogado defensor Juan Riquelme pidió que se acoja la sustancial colaboración que habría prestado el condenado cuando fue interrogado por la policía y el tribunal, y que se reconozca la "reparación celosa del mal causado", puesto que depositó dinero a la familia de la víctima.
El querellante instó a que el condenado cumpla su castigo -5 años y un día solicitados por el fiscal Juan Carlos Vargas- de modo efectivo, es decir, sin el beneficio de la libertad vigilada que podría favorecerlo eventualmente.
Lo que suceda en definitiva, se conocerá el próximo sábado a las 12 horas, cuando la justicia informe el monto de la pena que deberá purgar este homicida.
[7 de noviembre de 2007]
la tribuna]

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