ex militares acusados de contrabando

[Santiago] Funcionarios de Famae acusados de contrabando de armas a Croacia. El juez chileno Alejandro Solís dictó hoy una acusación por exportación ilegal de armas a once militares y civiles implicados en un contrabando de equipos bélicos a Croacia descubierto en 1991, informaron fuentes judiciales.
Los implicados, entre los que hay tres generales retirados, arriesgan penas de entre 541 días y 15 años de prisión, precisaron las fuentes.
Según la resolución del juez, la operación fue concebida por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) con el objeto de aumentar el patrimonio de la empresa y contó con la anuencia de los altos mandos de la institución.
En ese contexto, dictó acusación paso previo a la sentencia de primera instancia contra los once procesados, entre ellos los generales retirados Guillermo Letelier, Carlos Krumm y Vicente Rodríguez, los dos primeros del Ejército y el último de la Fuerza Aérea.
También el ex coronel David Fuenzalida, el ex mayor Carlos Sepúlveda, el capitán de la Aviación Patricio Pérez, el empleado civil de Famae José Sobarzo, el empleado civil de Logística del Ejército Ramón Pérez y la ex secretaria del Centro de Negocios de Famae Carmen Molina Valdés, acusada de cómplice.
Igual acusación afrontan los civiles Antonio Sahd, gerente de una empresa que gestionó el embarque aéreo de 36 bultos y Sergio Polmann quien actuó como agentes de aduanas para el embarque.
Los bultos de armas tenían como destino Zagreb, en una época en que la ONU había decretado la prohibición de suministrar armas a las partes involucradas en la guerra de los Balcanes, pero fueron decomisadas en una escala que el avión hizo en Budapest.
Los 36 bultos de armas fueron embarcados con el rótulo de "ayuda humanitaria".
El general Letelier está acusado adicionalmente por el delito de falsedad, sancionado en el Código de Justicia Militar, por "informar faltando a la verdad, mediante un documento afecto al servicio de las instituciones armadas y dar copia en forma fehaciente de un instrumento supuesto".
Anteriormente, el juez había sobreseído a otros implicados que afrontaban cargos por fraude aduanero y falsificación de documentos privados.
Las armas que fueron enviadas de contrabando eran piezas dadas de baja por el Ejército y según la investigación judicial, la operación hasta habría contado con la anuencia de Augusto Pinochet. Famae era una empresa de administración autónoma, cuyos responsables sólo daban cuenta al comandante en jefe del Ejército.
Antes de que Solís asumiera la investigación del caso, hubo un proceso en la justicia militar que sólo condenó a tres capitanes que tuvieron un papel subalterno en la operación, mientras todos los altos mandos involucrados fueron absueltos.
Cuando recién se destapó el caso, la Justicia designó un juez especial, Enrique Correa de la Cerda, que en enero de 1992 interrogó al coronel Gerardo Huber, jefe del Departamento de Logística del Ejército.
Tras prestar testimonio, el oficial fue encontrado muerto en extrañas circunstancias, tras permanecer varias semanas desaparecido, y la primera versión del Ejército fue que se trataba de un suicidio.
Sin embargo, la investigación judicial determinó que se trató de un homicidio y el juez a cargo, Claudio Pavez, tiene procesados a varios militares, como autores de una asociación ilícita destinada a encubrir el asesinato.
El juez Correa de la Cerda murió de cáncer pocos meses después y fue reemplazado por el magistrado Ricardo Gálvez, quien envió el proceso a la justicia militar, donde durmió por casi quince años sin otra conclusión que condenar a los oficiales subalternos.
[27 de abril de 2007]
[©la tercera]