mafia operaba como servicio secreto

[Carla Gallegos] A la usanza italiana, grupo actuaba en cerrados círculos familiares. Traficantes de La Legua operaban como servicio secreto. Una definida estructura gobernada por un líder patriarcal, una intrincada red de inteligencia y un millonario patrimonio definen el centro neurálgico en que operaba la organización criminal conocida como ‘Los cara de pelota', desbaratada el 20 de abril por la Fiscalía Metropolitana Sur.
Como un verdadero jaque mate al crimen organizado podría definirse la jugada maestra diseñada por la Fiscalía Sur, que permitió desbaratar y leer hasta sus cimientos, las reglas y funcionamiento de inteligencia con que operó durante 10 meses la red de narcotráfico ‘Los cara de pelota'.
Según el análisis planteado ayer durante la audiencia de formalización de cargos, por el fiscal regional sur Alejandro Peña, y los adjuntos Héctor Barros y Paulina Brito, las 16 piezas integrantes del grupo, tal como en el ajedrez, tenían un definido puesto de ataque.
El equipo de fiscales inició su relato con un directo "ustedes", dejando en claro que cada uno estaba identificado, desde que en junio de 2005 iniciaron una organización vinculada a la adquisición, comercialización, acopio, trasporte y distribución de droga en La Legua.
La figura del rey fue personalizada en Pedro González, líder de la red familiar, con el control absoluto de sus movimientos. Encargado de proveer la droga, administrar el negocio y blanquear los millonarios ingresos recaudados de las transacciones ejercidas en el corazón de La Legua, desde una casa denominada ‘la Mansión'.
El control operativo, en tanto, figura en manos de su esposa, Margarita Berríos, y su hijo Moisés González, quien construyó la red de distribución, información y protección de la cúpula.
Ante la necesidad de contar con "torres" o puentes seguros entre los mecenas y los vendedores, se designó en esta labor a Elena Cavieres, la mujer de Moisés, y Gustavo González, el segundo hijo del patriarca.
Si bien la distribución de la droga marchaba sobre ruedas, un detalle quedaba pendiente: la inversión ‘limpia' de las ganancias, estimadas en más de cien millones mensuales, la que se ejecutó en bienes muebles e inmuebles, entre los que destacan 10 vehículos de colección, parcelas, complejo de cabañas en el Litoral Central y cinco casas en La Legua, las que fueron traspasadas a nombre de las nueras y segundo hijo del cabecilla. Asimismo, su hijastra ejercía las labores de acopio. El estimado total podría llegar a más de 500 millones.
"Una de las estrategias de protección utilizadas por la banda, fue utilizar el taxi de Juan Carlos Isamit para que los líderes pudieran ingresar a La Legua y evitar que sus vehículos fueran identificados. Asimismo, pintar del mismo color todas las casas que la banda tenía en la población para despistar a la policía", dijo Peña.
Otras de las tácticas para evitar la persecución y posibles venganzas en contra de la banda, fue contar con pistoleros de alta maestría como guardaespaldas, con un carabinero que proveyó información clave sobre operativos policiales y cambiar la apariencia de los vehículos usados, entre otras.

Prisión Preventiva
El plan parecía perfecto. Sin embargo, el 20 de abril el edén fabricado por ‘Los cara de pelota' llegó a su fin. Cientos de efectivos policiales irrumpieron esa madrugada en sus terrenos amparados por la ley en el marco de la operación ‘Danubio Sur', y encontraron artefactos tan sofisticados como una pistola con mira láser.
A los líderes no les quedó más que confesar y reconocer que pese a sus jugadas estratégicas, habían sido descubiertos. Los detalles expuestos ante la jueza titular del 12º Juzgado de Garantía, Marcela Figueroa, resultaron determinantes, motivando su decisión de dejar a 15 de los imputados en prisión preventiva por el peligro de fuga existente. La última implicada, en tanto, quedó en libertad provisional sujeta a firma mensual y arraigo nacional.
La magistrada Figueroa se permitió además marcar un precedente: permitió a los medios de prensa registrar los rostros de los imputados, bajo el argumento de que los ciudadanos tienen el derecho constitucional de ser informados.
[Carla Gallegos]
[25 de abril de 2006]
[©la nación]