persiguen a pedófilos

Rastrearán sin tregua a peligrosa red de pedófilos. Sólo el año pasado el Servicio Médico Legal atendió a 49 menores víctimas de violación y abusos sexuales
Dos proyectos de ley para rastrear y perseguir a peligrosos pedófilos ingresaron esta semana al Congreso.
Uno de ellos obligará a los cibercafés a llevar un estricto control de sus clientes, mientras que el otro exigirá a que las entidades bancarias a cargo de tarjetas de crédito lleven un registro de quienes compran por Internet pornografía infantil.
Tras casi cuatro años de prisión, la libertad de Rafael Maureira, líder de la red pedófila ‘Paidós', para someterse a un tratamiento de rehabilitación y a la espera que los tribunales decidan su condena, causó una verdadera polémica en la opinión pública sobre la sanción que reciben los autores de estos aberrantes delitos sexuales.

Prófugo
En Antofagasta uno de estos antisociales circula en completa impunidad. Miguel Angel Castillo condenado en febrero de 2003 a cumplir dos condenas de tres años y un día, y sesenta días por sendos delitos de abuso sexual y violación, quedándole pendiente un tercer delito por estupro, fue beneficiado con la libertad vigilada. Sin embargo, hoy nadie sabe de su paradero.
Una orden internacional pesa en contra del empresario antofagastino, quien se encuentra prófugo desde abril de 2004.
Según relatos de las menores afectadas, el individuo les mostraba videos, fotografías y revistas, para después obligarlas a desnudarse en una vivienda del sector sur.
Ante ello, surgen una serie de fuertes cuestionamientos de que si efectivamente los tribunales están cumpliendo con el deber de impartir justicia, junto a la interrogante de si las leyes son lo necesariamente severas contra estos antisociales.

Abusos
Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir los 16 años. En el 90% de las veces el abusador es un hombre y en más de un 80% de los casos será un conocido o integrante de la familia.
Al respecto, el diputado Pedro Araya (DC) es claro en decir que "nos encontramos con un problema serio y grave en materia penal". A su juicio, es necesario dictar un nuevo Código Penal, lo que ya dio a conocer al ministro de Justicia, Isidro Solís.
Producto de esta situación, explica el parlamentario, nos encontramos con una serie de normas y penas inorgánicas que requieren reordenamiento, lo que en materia legal se llama el mantener los equilibrios.
Por ejemplo, el diputado DC cita que si una persona que comete una violación y robo contra una mujer, queda en tope de pena porque la máxima sanción es presidio perpetuo efectivo. Analizándolo fríamente, si comete homicidio tendrá la misma sanción, pese a que el delito representa una mayor gravedad.

Clientes
El diputado sostuvo que esta semana conocieron dos proyectos de persecución penal en torno a la pedofilia. Uno de ellos apunta a que los dueños de los "cibercafés" estén obligados a llevar un registro de todos sus clientes (usuarios) con hora y computador especificado.
Lo anterior, porque información de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público precisan que muchos pedófilos operan en estos lugares, dado que así sólo es posible detectar la fuente desde donde se transó o envió material pornográfico, pero no quién la realizó.
La segunda propuesta nace porque quienes compran material de pornografía infantil y que pagan con tarjeta de crédito no dejan registro de la transacción monetaria. Precisamente, la idea es obligar a las instituciones bancarias que exijan a estos sitios de Internet contar con un registro de clientes.

Preocupación
El director de la Casa Amor y Vida, Cristian Avalos, que recibe en este centro a menores de seis años en riesgo social, comentó que los ingresos por delitos sexuales son inferiores al 20%, lo que no deja de ser preocupante considerando el impacto social de estos aberrantes actos.
Sobre el actual marco legal, considera que los jueces aplican la ley que tienen al alcance de su mano, de allí que llamó a la ciudadanía a exigirle a los parlamentarios que eligieron a atender este tema. Agregó que hechos como éste provocan conmoción, dolor y rabia, sentimientos que las autoridades debieran plasmar en el plano legal para así representar una necesidad social de castigar a estos antisociales quienes abusan de estas pequeñas víctimas.

Dramáticas Cifras
El año pasado fueron atendidas 49 víctimas menores de 15 años en el Servicio Médico Legal de Antofagasta, ya sea por abusos o violación.
El director regional del SML, doctor Martín Romero, comentó que a estos 49 pequeños les realizaron pericias para comprobar el delito, sobre todo para demostrar lesiones y recoger muestras de semen. Asimismo, comentó que los menores víctimas de violación presentan heridas producto del acto, ya sea como rotura del himen, en la zona genital externa o lesiones anales.

Aspecto Legal
Desde el punto de vista del Derecho Penal, en Chile el abuso sexual infantil se aborda desde distintas acciones tipificadas como delitos.
Así, la utilización de niños (as) menores de 12 años para la producción de material pornográfico se sanciona con una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Esto representa una pena privativa de libertad de 61 días a 5 años.
Además, se sanciona con la pena señalada anteriormente a quien determinare a un niño menor de 12 años a realizar acciones de significación sexual para procurar su excitación sexual o la de otros.
Respecto a los niños y niñas mayores de 12 años y menores de 18, se sancionan con la misma pena las conductas ya descritas, es decir, fuerza o intimidación, abusar de una anomalía o perturbación mental de la víctima, de una relación de dependencia de ésta, del grave desamparo en que se encuentra o cuando se le engaña abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.

Explotación Sexual
En el caso de la explotación sexual de niñas y niños menores de 18 años, la ley establece que quien "habitualmente, o con abuso de autoridad o confianza, promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otros, sufrirá las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de 21 a 30 Unidades Tributarias Mensuales".
En este punto, el Código Penal sanciona a quien promueva o facilite la entrada o salida de niñas o niños menores de edad para que éstos ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veinte Unidades Tributarias Mensuales.
[22 de abril de 2006]
[©mercurio de antogagasta]