el fundo del horror

[Rancagua] Asesinato, engaños y fraude en Rancagua. Detrás de esta intrincada historia de fraudes y crímenes por la apropiación de cinco mil hectáreas está involucrado el presidente del Colegio de Abogados de Rancagua, un prestigioso notario destituido y un particular acomodado que terminó con tres disparos en la espalda. El caso está abierto y la verdad comienza a asomarse.
La cabeza de Arturo Muñoz estaba a punto de estallar. Había estafado a su familia y ellos aún no lo sabían. Los que antes eran sus socios y testaferros, ahora sólo querían liquidarlo. Más encima, se estaba divorciando de su mujer y la repartición de los bienes emulaba a la disputa por comida entre dos perros hambrientos.
El desenlace se produjo el 11 de junio de 2000, cerca de las siete de la tarde. Mientras golpeaba a uno de sus hijos, Muñoz recibió un balazo por la espalda. Un segundo impacto lo fijó contra el piso. Pero fue el tercer disparo del revólver Rossi, calibre 38, el que terminó con su vida. La mano que sostenía el arma asesina era más cercana de lo que podría haber imaginado: su mujer, Silvia Salinas, quien inmediatamente después de bajar el arma se comunicó con el abogado de ambos, Roberto Arias Acuña, entonces presidente del Colegio de Abogados de Rancagua. Hablaron durante 18 minutos. Luego de cortar, Arias no llamó a la policía.
El supuesto parricidio destapó una trama de poder protagonizada por una de las familias más influyentes de la VI Región, que se enfrentó por la propiedad de un fundo de altísimo valor, y cuyos abogados habrían facilitado operaciones fraudulentas junto a un notario destituido y procesado por falsificación de documentos.
El Estafador
Como en toda historia, la acomodada familia Muñoz en algún momento fue feliz. Sin embargo, cuando el cabeza del clan, don Arturo Muñoz Valdivia, murió de cáncer al esófago en 1987, la sucesión, compuesta por la esposa y sus hijos, debió asumir sus deudas. Para saldarlas decidieron usar el fundo recién heredado, Reserva Hacienda Sierra Nevada, una inmensa propiedad de cinco mil hectáreas, cuyo valor supera los 10 millones de dólares. Entre los privilegios del predio destaca la chance de construir una carretera que unirá a Chile y Argentina y que pasaría por su interior, con la consiguiente expropiación millonaria.
En 1995, Arturo –el mayor de los hijos y asesinado por su mujer– asumió el liderazgo de la sucesión. Con esa investidura le dijo a su madre y hermanos que el fundo corría el serio riesgo de perderse debido a que el BancoEstado amenazaba con rematarlo si no cancelaban las deudas, que ascendían a 300 millones de pesos. Ante la falta de dinero y el peligro de perder la propiedad, la sucesión aceptó recurrir a financistas, quienes pagarían a la banca a cambio de derechos en el fundo.
Como suele suceder cuando hay desesperación financiera, el trato no fue de los mejores: el 11 de enero de 1995, una promesa de compraventa firmada por la sucesión estableció que los financistas cancelarían la totalidad de la deuda a cambio del 58% del fundo. La sucesión conservaría el resto.
Sin embargo, la promesa comercial no se materializó debido a que los financistas no cancelaron la totalidad de la deuda contraída con el BancoEstado. Para no perder el gigantesco fundo, en 1997 la familia vendió 20 hectáreas en 270 millones de pesos a una empresa eléctrica. Los trámites legales para el pago de la deuda fueron redactados por el abogado de la familia Muñoz, el influyente Roberto Arias.
Una vez recibido el dinero de la venta, Arias pagó las deudas contraídas con la banca, pero en vez de atribuirlo a la sucesión, en los documentos legales estableció que quienes cancelaban eran los financistas, principalmente un integrante de la familia Del Real, una de las más prominentes de Rancagua. De esta forma se daba luz verde para que se quedaran con más de la mitad de su fundo.
La sucesión se dio cuenta de la estafa sólo cuando Arturo Muñoz fue asesinado. A los pocos días la sorpresa creció, ya que se enteraron que los financistas, junto a Silvia Salinas, esposa del occiso, reclamaban la propiedad el 100% del fundo mediante artimañas legales.
Ese mismo año, la sucesión se querelló en contra de Roberto Arias, los hermanos Del Real y el ex notario público Renato Astrosa por falsificación de documento y estafa. La querella en contra de Salinas, originalmente sólo por parricidio, se extendió también por estafa.

El Engaño
Cuando los abogados de la sucesión comenzaron a investigar los motivos de la posible ruina de la familia Muñoz, descubrieron que la promesa de compraventa de 1995 era el origen de todo. El documento establecía que la parte restante del fundo no quedaría en manos de la familia –como había señalado Arturo Muñoz–, sino que pasaría a manos de su esposa, Silvia.
Recién ocurrida la muerte de Arturo, el fundo fue ocupado por los hermanos Del Real, quienes –hasta ahora– aseguran que fueron ellos los que pagaron la deuda del fundo con el BancoEstado. Como prueba, el 2000 exhibieron un contrato supuestamente celebrado en 1998, donde la familia Muñoz vendía el fundo a la compañía Sierra Alto Cachapoal S.A., controlada por ellos, y donde se establecía que los Del Real habían pagado las deudas bancarias del predio. Otra socia fundadora de la empresa era la homicida Silvia Salinas.
Miguel Muñoz, hermano del asesinado, recuerda que quedó helado cuando recibió la llamada de un funcionario del Conservador de Bienes Raíces. "Tenía la escritura de venta con nuestras firmas reales, en circunstancias que nosotros jamás lo habíamos hecho. En alguna ocasión pudimos firmar documentos en blanco a nuestro hermano, ya que confiábamos en él", explica
Sin embargo, el mismo empleado del Conservador les dio una luz: una hoja del contrato había sido reemplazada de forma burda, justo la que determinaba el precio de la propiedad, y en su lugar otra había sido adosada con pegamento.
La sorpresa de la familia tocó techo cuando se dieron cuenta que el redactor de la venta era su abogado, Roberto Arias, quien también había formado Sierra Alto Cachapoal S.A., sociedad que les estaba quitando su fundo. Detrás de todo, al parecer, estaba Arturo, ya que Silvia declaró en el proceso que su marido "hacía y deshacía" todos los movimientos legales de la compañía, convirtiéndose ella en su palo blanco.
Como pago por el fundo (a través de la compra creciente de acciones de Silvia en Sierra Alto Cachapoal), Fernando del Real le habría vendido una casa vecina a la suya ubicada en un condominio acomodado de Rancagua. Por algún motivo, hasta ahora desconocido, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse al punto que las amenazas de muerte de un patio a otro y los balazos al aire eran pan de cada día. "Incluso una vez pensé en contratar una persona para que le disparara" y así terminar con su vida, declaró Del Real en la causa.

El Móvil
En el año 2000, el matrimonio Muñoz-Salinas estaba separado de hecho. El 5 de abril habían acordado legalmente la repartición de sus bienes, quedando Arturo con el 65%, y la redacción del documento nuevamente estuvo a cargo de Roberto Arias. Pero dicho documento nunca se materializó.
Un día antes, ella acudió al Cuarto Juzgado Civil de Rancagua para denunciar violencia intrafamiliar. Ese mismo día, también sacó la licencia del revólver que usó para matar a Arturo.
El fatídico lunes 11 de junio, Arturo llevó a su hijo Javier al fundo Reserva Hacienda Sierra Nevada. Debido a las lluvias, el predio era un lodazal, así que cuando el padre trajo a su hijo de vuelta a casa, los dos entraron a limpiarse. Al parecer, la pelea por una toalla originó que Arturo agrediera a su hijo Javier. Su hermano mayor intentó interferir, pero Arturo, iracundo, lo golpeó con una guitarra. Desde el suelo, el menor escuchó el primer disparo y los dos siguientes, mientras observaba el rostro de su padre en medio de un alarido de dolor.
Aunque Miguel Muñoz dijo tener la convicción que su hermano los estafó, cree que el asesinato de Arturo fue un contubernio planeado por Silvia Salinas, Roberto Arias y los Del Real, cuyo móvil sería la propiedad del fundo Reserva Hacienda Sierra Nevada. Sus sospechas se basan en que Arias prestó servicios a todos los involucrados en la estafa. También en que Silvia declaró que luego del parricidio cayó en una conmoción profunda, pero a los pocos días vendió todos los bienes de ambos, incluyendo su casa; y en que los Del Real ingresaron al fundo e intentaron inscribirlo recién ocurrida la muerte de Arturo. "Si la escritura que les da la propiedad del fundo es de 1998, ¿por qué aparecen haciendo el control físico en 2000? Es muy difícil pensar que alguien tenga un fundo de esta envergadura y espere tanto tiempo para inscribirlo.", se pregunta Miguel Muñoz.
Maximiliano del Real, gerente general de Sierra Alto Cachapoal, responde que en 1998 toda la familia Muñoz asistió a firmar la venta del fundo a la notaría de Renato Astrosa. Consultado acerca de por qué la propiedad no fue inscrita antes, responde: "El expediente se perdió durante todo ese tiempo, no sé por qué. En 2000, Roberto Arias nos dijo que había aparecido y que ya se podía iniciar la inscripción".
Los oscuros negocios entre el fallecido Arturo, los Del Real, su mujer, y la escritura fraudulenta de 1998, tienen un factor común: la notaría del destituido Renato Astrosa. Ahí se firmaron todos los documentos.

El Plagiador
La notaría de Renato Astrosa era una de las más antiguas de Rancagua. En 2004, el Primer Juzgado del Crimen lo sometió a proceso y ordenó su destitución como notario. El origen fue el reemplazo de la hoja en el caso de la familia Muñoz y otro donde hacía firmar a un muerto. Al poco tiempo, la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó una investigación profunda a la Policía de Investigaciones, que constató que 22 escrituras más habían sido adulteradas. A raíz de esto se inició una causa aparte, donde el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte a fines de 2006.
En la querella de la familia Muñoz, María Isabel Ponce, secretaria de Astrosa, declaró que el notario le ordenó rescribir la hoja de la escritura de 1998 y que, al hacerlo, Roberto Arias estaba presente en la oficina. Cuando la secretaria tuvo lista la nueva hoja, Astrosa llamó al encuadernador de la notaría. "Me dijeron que la cambiara [la hoja original] y me entregaron otra hoja ellos mismos, que era la que debía agregar al tomo", declaró Carlos Mauricio Medina, el encuadernador. Medina, simplemente, arrancó la original y pegó encima la hoja falsa. Esto facilitó el trabajo de los peritos de Investigaciones, que probaron la sustitución del documento público, penado por la ley.
Pero la pelea está lejos de terminar. Actualmente, el predio es ocupado por los Del Real, pero oficialmente sigue a nombre de la familia Muñoz que infructuosamente intenta sacarlos, sin que la querella tenga procesados. Sólo por el asesinato de su marido, Silvia Salinas enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel. Su abogado, Juan Figueroa, afirma que los disparos fueron defendiendo la vida de sus hijos y que la declaración judicial de Javier, el menor de los hermanos, resume la verdad. Javier afirma que su padre estaba borracho, y que golpeó a su madre y a su hermano, pues estaba fuera de sí. Mientras Arturo destruía un clóset, Silvia le dio muerte: "Mi mamá le disparó a mi papá porque trató de defendernos".
[15 de abril de 2007]
[©la nación]