16 abril 2007

violador absuelto vuelve a la cárcel

[Santiago] Corte de San Miguel anuló primer juicio por baja valoración de evidencia. Fiscalía consigue condena para violador que había sido absuelto. Este caso se suma a otras siete polémicas resoluciones dictadas por el Tribunal Oral de Puente Alto. En ellas, también se desestimaron pruebas rendidas por el órgano prosecutor y se eximió de responsabilidad penal a los imputados.
De ahora en adelante la mujer identificada como R.E.U.M. podrá dormir tranquila ya que, al fin, luego de un año y medio de ocurridos los hechos, su agresor se encuentra privado de libertad. El Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto en un segundo juicio oral condenó a Alfonso Vargas Díaz, de 25 años, a cumplir siete años de cárcel por la violación que perpetró en contra de la mujer. La víctima, además del ataque, debió soportar que sus pequeños hijos, de un año y seis meses –respectivamente- presenciaran el hecho.
Tras el episodio, el individuo robó algunas especies que encontró en el dormitorio de R.E.U.M, donde cometió el vejamen.
El nuevo veredicto contrasta con lo resuelto en un dictamen anterior (de agosto de 2006) que absolvió al sujeto pese a la gravedad de los delitos que se le imputaron. En esa oportunidad, el tribunal estaba compuesto por los magistrados Aída Guerrero Rosen, Ramón Barría Cárcamo, y Gabriela Gómez Callejas.
Ante ese escenario, los fiscales Rodolfo Herrera y Michael Flores recurrieron de nulidad ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Y, tras examinar los antecedentes, el tribunal de alzada estimó que en el veredicto inicial se había llevado a cabo una baja valoración de las pruebas rendidas por los fiscales. Esta ligera apreciación de la evidencia impidió acreditar la agresión sexual y el posterior hurto que sufrió la mujer.

Cuestionan Actuar de Víctima
Aunque parezca extraño en la primera sentencia, los magistrados sostuvieron que si la mujer -que fue penetrada por la boca, el ano y la vagina- no hubiera consentido el acto sexual habría "zafado" la situación mordiendo el miembro de su agresor cuando éste la intimó a realizarle sexo oral.
Tal consideración quedó estampada en la primera resolución. De hecho, en el texto se señala que "la mujer indica que fue intimidada y que, mientras le hacía tener sexo oral, no le quiso morder el pene al sujeto por miedo, pero es necesario recordar que una actuación así habría inutilizado al agresor y, eventualmente, habría podido pedir auxilio".
Sin embargo, el Ministerio Publico había detallado que cuando se cometió el ilícito la mujer quiso proteger la integridad física de sus hijos, que se encontraban presentes. Incluso, en la declaración que prestó la víctima ante los intervinientes, dijo, que durante el acto estuvo constantemente amenazada de muerte, razón por la que accedió a las peticiones de su victimario.
La mujer explicó, además, que su marido se encontraba en Valdivia, por una situación temporal de trabajo y no sabía que pasaría con sus hijos.
El cuestionamiento respecto del actuar de la víctima se llevó a cabo en el juicio y fue considerado en los fundamentos resolutivos de la absolución entregada por el tribunal.
Un segundo juicio realizado a comienzos de este mes logró una sentencia condenatoria en contra del sujeto que se encontraba prófugo de la justicia luego de la anulación del primer veredicto.
Sólo una orden de detención logró dar con el paradero de Alfonso Vargas, luego de un control de identidad que realizó la policía de Investigaciones el 15 de febrero de este año en una de las estaciones del tren subterráneo de Santiago.
A la pena asignada de 7 años y seis meses de reclusión por el delito de violación se le agregó otra de 10 días de prisión por la sustracción de 2 mil pesos y otras especies desde el dormitorio de la víctima.
Ambas penas deberán ser cumplidas y se le restará el año y medio que el condenado pasó en prisión preventiva en espera del primer juicio. LN

Polémicas Resoluciones el Tribunal
El caso de R.E.U.M. no es el primero que origina suspicacias en torno a las resoluciones de algunos magistrados del Tribunal Oral de Puente Alto. A fines del año pasado la Corte de San Miguel llevaba al menos ocho anulaciones de juicio donde, en su mayoría, las absoluciones se realizaban respecto a delitos de índole sexual.
La obligación de realizar un segundo juicio con distintos magistrados otorgó una más detallada exposición de las pruebas que fueron entregadas para acreditar los delitos sexuales, que en primera instancia fueron desestimadas por los jueces.
Incluso, a la baja valoración de pruebas, se sumaba la omisión de cargos rendidos por el ente acusador.
A partir de este año, muchos de los jueces que participaron en cuestionadas resoluciones -incluidos los tres magistrados que absolvieron a Alfonso Vargas- emigraron del juzgado de Puente Alto para ejercer labores judiciales en otros tribunales de la capital.
[Leslie Ayala Castro]
[16 de abril de 2007]

la nación]

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